SANTO DOMINGO.- Las inauguraciones de la presidencia están prohibidas solo 60 días antes de las elecciones presidenciales, pero el presidente Abinader debería renunciar a este derecho desde ahora, sostiene Participación Ciudadana (PC).
Reclamó que el Mandatario y demás autoridades se abstengan de realizar actividades de esa naturaleza, las cuales -a su juicio- «rompen claramente con la equidad electoral que manda la Constitución».
La posición de Participación Ciudadana está contenida en un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET cuyo texto es el siguiente:
«La Ley No. 20-23 de Régimen Electoral es clara cuando en su artículo 210, párrafo VI, prohíbe las inauguraciones municipales 40 días antes de los comicios de febrero y las inauguraciones presidenciales 60 días antes de las elecciones de mayo, distinguiendo entre las inauguraciones municipales y las del Gobierno central con dos plazos diferentes para una y para la otra.
El calendario electoral preparado por la Junta Central Electoral contiene un error cuando señala el 20 de marzo como “límite para realización actos inaugurales del Gobierno y alcaldías”, pues las elecciones municipales ya habrán sido celebradas en el mes anterior, por lo que no era necesario que fueran mencionadas en el límite de marzo, que corresponde claramente, por mandato de ley, a las inauguraciones del Gobierno central.
Sin embargo, la realidad es que tales actividades inaugurales, tanto las del Gobierno central como la de las alcaldías, se realizan con fines claramente electorales por lo que Participación Ciudadana reclama que el presidente Abinader y todas las demás autoridades del Gobierno central y de las alcaldías, se abstengan de realizar actividades de esta naturaleza, que rompen claramente con la equidad electoral que manda la Constitución, pues los candidatos de la oposición que no están en una función pública se encuentran en desventaja.
Participación Ciudadana ha criticado históricamente estas actividades de inauguración de obras públicas, que solo sirven para promover personas y partidos, sin agregar valor a la ciudadanía. Siempre hemos sostenido que las obras públicas solo requieren ser informadas a la ciudadanía para su correcto uso a través de publicidad institucional, pero todos los gobiernos, incluyendo el actual, siguen utilizándolas para promoverse.
Nos preocupa la recusación realizada a un miembro titular de la Junta Central Electoral que emitió su opinión sobre el tema de las inauguraciones, lo que genera inquietud a pocos días de las elecciones del 18 de febrero y desvía la atención del máximo órgano electoral. Esta situación debe resolverse de forma institucional, conociendo y decidiendo la Junta Central Electoral de tal recusación a la mayor brevedad, para poder continuar concentrando su atención en las próximas elecciones».
LA REDACCION
