LIMA, 7 May.- El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) ha pedido formalmente al Congreso andino el pago de su pensión vitalicia y otros beneficios por haber ejercido el cargo de mandatario, pese a que mantiene una deuda millonaria con el Estado por concepto de reparación civil.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, ha explicado que formalizó dicha solicitud a mediados de abril, amparándose en una ley que incluye pensión vitalicia por valor de 15.600 soles peruanos (3.890 euros), guardaespaldas, un vehículo y combustible. Cabe mencionar que el Congreso está dominado por los partidos conservadores, entre los que está el partido fujimorista.
El exdirigente del país salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007 cumpliendo una sentencia de 25 años por la mata...
LIMA, 7 May.- El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) ha pedido formalmente al Congreso andino el pago de su pensión vitalicia y otros beneficios por haber ejercido el cargo de mandatario, pese a que mantiene una deuda millonaria con el Estado por concepto de reparación civil.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, ha explicado que formalizó dicha solicitud a mediados de abril, amparándose en una ley que incluye pensión vitalicia por valor de 15.600 soles peruanos (3.890 euros), guardaespaldas, un vehículo y combustible. Cabe mencionar que el Congreso está dominado por los partidos conservadores, entre los que está el partido fujimorista.
El exdirigente del país salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007 cumpliendo una sentencia de 25 años por la matanza de decenas de civiles. Este se benefició en 2017 de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a que su equipo legal alegó problemas de salud por su avanzada edad, sin embargo, la Justicia lo tumbó meses más tarde, hasta la resolución definitiva del año pasado.
Además de la condena a 25 años, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. No se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil, que la Procuraduría General cifró en 57 millones de soles (14 millones de euros).
Durante años de litigios judiciales, (el Constitucional ordenó su liberación pese a la solicitud de aplazar la medida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) organizaciones defensoras de Derechos Humanos advirtieron de la gravedad de sus crímenes a la hora de determinar su liberación.
EUROPA PRESS
