SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público (MP) reiteró ante la población su compromiso de perseguir todos los delitos en República Dominicana “sin importar quienes los cometan”.
Negó categóricamente este domingo que empleados suyos hayan participado en acuerdos que personas imputadas en casos corrupción han suscrito para aceptar su culpabilidad y devolver dinero o bienes obtenidos ilícitamente.
En un documento público remitido a ALMOMENTO.NET, considera que son falsas denuncias que abogados defensores de algunos de los acusados han hecho a través de medios de comunicación en el sentido de que esos acuerdos han sido promovidos por el Ministerio Público, ante la debilidad de las pruebas presentadas contra imputados.
NO HAN PARTICIPADO EMPLEADOS DEL MP
Por el contrario, aclara, ante la contundencia de las pruebas, 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que han firmado acuerdos para aceptar su culpabilidad, todos los cuales, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales y en ninguno han participado empleados del Ministerio Público.
Indica que desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la cual todos han sido llevados hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.
“Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente”, añade
Explica que todos los acuerdos se encuentran judicializados y fueron elaborados en estricto cumplimiento de la ley, y solo se han firmado para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados.. En este sentido, desmiente que haya otros convenios para recibir cesiones u obras futuras.
RECONOCE DERECHO A CUESTIONAR
En su comunicado , el Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho. Sin embargo, califica de “deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales”.
Indica que “pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente”.
ADVIERTE NO SE DEJARÁ INTIMIDAR
“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa.
A su juicio, estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.
Dice que “han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana”, a pesar de que ella no labora hace meses en la institución y nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución.
“Es preciso establecer que, el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada. De modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la Ley 53-07 esta fábula es deshonesta y nada profesional”, añade
Puntualiza: “Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”.
Resalta que los s acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la normativa procesal penal.
El MP reitera ante la población dominicana su “ compromiso de perseguir todos los delitos, sin importar quienes los cometan, como lo han venido haciendo y como lo comprueban los distintos procesos que han puesto en marcha, porque así como la ley no distingue entre seres humanos, no lo puede hacer ni lo hará este Ministerio Público”.
SAUL PIMENTEL
