La aprobación del proyecto de ley que modifica el Código Penal ha generado una división ideológica entre legisladores, la sociedad civil y actores del Gobierno debido a varios puntos conflictivos. Mientras tanto, el liderazgo del Congreso defiende la rapidez con la que se ha votado la pieza.
Las voces en el ámbito congresual están divididas por corrientes políticas. Algunos legisladores argumentan que es tiempo de contar con una legislación moderna, mientras que otros abogan por no sancionar la pieza, considerando que violenta derechos fundamentales.
Los sectores liberales condenan el proyecto porque excluye la orientación sexual como causa de discriminación, no considera violación sexual las relaciones íntimas no consentidas dentro del matrimonio y establece que debe haber penetración para considerarse una violación sexual.
También se ha criticado la creación de jurisdicciones militares, la penalización del aborto, la violencia como método de disciplina infantil y la prescripción de la corrupción.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió ayer la rápida aprobación del proyecto del Código Penal, asegurando que la normativa judicial actual «es muy vieja» para responder a los cambios en la sociedad dominicana.
El senador de la provincia Sánchez Ramírez afirmó que revisará cualquier cambio que ejecute la Cámara de Diputados al proyecto para garantizar que la pieza sea enviada al Poder Ejecutivo antes del 25 de julio, fecha en la que concluye la legislatura de trabajo en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que el proyecto «debe llevarse sin prisa», a pesar de haber sido aprobado en primera lectura sin un estudio previo.
Antes de encabezar una sesión de trabajo en la Cámara Baja, Pacheco aseguró que existe un consenso entre todas las bancadas políticas para conformar una comisión especial de diputados que revise el proyecto antes de su aprobación final.
Todo el proceso de estudio en comisiones, posibles modificaciones y consulta pública se realizaría antes del 25 de julio, cuando concluye la actual legislatura. Posteriormente, habrá una pausa hasta que los nuevos legisladores tomen posesión el 16 de agosto.
En respuesta a las críticas de sectores feministas, Participación Ciudadana y comunicadores de la opinión pública, Pacheco destacó que todas las organizaciones «están en su derecho» de emitir cualquier argumento.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), envió una carta a Pacheco en la que aconsejó reconsiderar algunos aspectos. Entre ellos, «ponderar la revisión de las tres causales como eximentes de interrupción del embarazo en los casos en que se prevea la necesidad».
Además, indicó que debe definirse con mayor precisión la tipificación de la violación y la agresión sexuales y sugirió la revisión del artículo 185 sobre la discriminación. «La importancia de prohibir la discriminación, en todas sus formas, radica en la promoción de la justicia, la igualdad, la cohesión social y el respeto a los derechos humanos y fundamentales», argumentó.
