Human Rights Watch denunció que en Ecuador se cometieron 6,368 casos de violencia sexual en sus centros educativos en la última década. Además, muchas de las escuelas siguen sin denunciarlos pese a tener conocimiento y la justicia trata las denuncias con excesiva lentitud, según el informe de la ONG, dejando a las víctimas desamparadas.
Más de 6,000 casos de violencia sexual en el ámbito escolar se han cometido en Ecuador en la última década, según informó Human Rights Watch (HRW), que denunció lentos avances para que las víctimas alcancen justicia. «Muchas escuelas siguen sin denunciar los abusos ni aplicar plenamente los protocolos exigidos» por las autoridades educativas, señaló la ONG en un comunicado.
De acuerdo con HRW, en la última década se han denunciado 6,368 casos de violencia s...
Human Rights Watch denunció que en Ecuador se cometieron 6,368 casos de violencia sexual en sus centros educativos en la última década. Además, muchas de las escuelas siguen sin denunciarlos pese a tener conocimiento y la justicia trata las denuncias con excesiva lentitud, según el informe de la ONG, dejando a las víctimas desamparadas.
Más de 6,000 casos de violencia sexual en el ámbito escolar se han cometido en Ecuador en la última década, según informó Human Rights Watch (HRW), que denunció lentos avances para que las víctimas alcancen justicia. «Muchas escuelas siguen sin denunciar los abusos ni aplicar plenamente los protocolos exigidos» por las autoridades educativas, señaló la ONG en un comunicado.
De acuerdo con HRW, en la última década se han denunciado 6,368 casos de violencia sexual por parte de profesores, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes, estudiantes y conductores de autobuses. Además «las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra menores, lo que afecta a la capacidad de los supervivientes para encontrar justicia», indicó la organización.
Katherine La Puente, coordinadora de derechos del niño de HRW, señaló que «las medidas de respuesta y prevención de Ecuador no están a la altura» para atender la violencia sexual en el entorno educativo. «Ecuador debe poner fin a la impunidad y a los comportamientos cómplices que someten a miles de niños a abusos», añadió La Puente, citada en el comunicado.
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado ecuatoriano reconocer su responsabilidad por atentar contra los derechos humanos de Paola Guzmán Albarrací, quien se suicidó tras haber sido violada por una autoridad escolar, en un caso ocurrido en 2001.
Guzmán sufrió desde los 14 años abusos sistemáticos por parte de Bolívar Espín, vicerrector del colegio público al que asistía. Aunque la justicia ordenó su detención en 2003, el hombre se fugó y nunca compareció ante un tribunal.
En 2008 la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal contra Espín.
