Santiago de los Caballeros.- Industriales de la Región Norte han manifestado su preocupación ante la aprobación acelerada del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, aprobado en enero por el Senado de la República.
En un llamado a la Cámara de Diputados, los industriales instan a un diálogo amplio y participativo que garantice un equilibrio entre la regulación ambiental y la sostenibilidad del tejido productivo del país.
El presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Luis José Bonilla, destacó que la normativa original fue el resultado de más de tres años de debates, por lo que cualquier modificación debe sustentarse en análisis técnicos y consensos que eviten cargas desproporcionadas sobre...
Santiago de los Caballeros.- Industriales de la Región Norte han manifestado su preocupación ante la aprobación acelerada del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, aprobado en enero por el Senado de la República.
En un llamado a la Cámara de Diputados, los industriales instan a un diálogo amplio y participativo que garantice un equilibrio entre la regulación ambiental y la sostenibilidad del tejido productivo del país.
El presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Luis José Bonilla, destacó que la normativa original fue el resultado de más de tres años de debates, por lo que cualquier modificación debe sustentarse en análisis técnicos y consensos que eviten cargas desproporcionadas sobre las empresas.
“Es positivo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados reconozcan la necesidad de ajustes en la reforma. Sin embargo, insistimos en la importancia de que este proceso se realice con una discusión plural que garantice la inclusión de todas las partes afectadas, promoviendo un marco regulatorio justo y equilibrado”, señaló Bonilla.
El sector industrial regional reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de una legislación efectiva y viable, asegurando que los objetivos ambientales se cumplan sin afectar la competitividad de los sectores productivos.
