El ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Georges Wilbert Franck, se encuentra ahora en el centro de una oleada de críticas y graves acusaciones. En una carta abierta dirigida al ministerio, tres organizaciones de derechos humanos: Droit et la Vie Humaine (DVH), Ligue Haïtienne de Défense des Droits Humains (LHDDH) y Ordre des Défenseurs des Droits Humains (ORDDH), exigen una aclaración inmediata sobre la gestión poco transparente de los fondos de subvenciones destinados a los más vulnerables.
Por su parte, según los sindicatos de empleados que protestan, el ministro Franck, apoyado por su administrador Hugo Ponceley y su contable Patricia, presuntamente habría establecido un sistema organizado de malversación de fondos. Mientras los empleados del MAST denuncian meses de tarjetas de débito sin fondos (ti Kat la) y la retirada de beneficios sociales, miles de millones de gourdes que se supone deberían apoyar a las familias desfavorecidas para el inicio del año escolar siguen sin contabilizarse.
Como resultado, las organizaciones exigen explicaciones sobre el programa MonCash para el inicio del curso escolar y aprovechan la oportunidad para exigir aclaraciones sobre el opaco presupuesto del ministerio, como los sindicalistas llevan meses solicitando en vano. Son estos últimos quienes instan directamente al gobierno y al Consejo Presidencial de Transición (CPT) a tomar medidas drásticas contra el ministro, descrito como autoritario y cínico, quien solo parece tener relaciones con el director administrativo Hugo Ponceley y la contadora jefa Patricia.
Las organizaciones firmantes reiteran la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Exigen la publicación de un informe detallado sobre las subvenciones asignadas por el MAST, con un desglose claro de los beneficiarios, para restablecer la confianza pública en una institución percibida ampliamente como opaca.
Las tres organizaciones dieron al ministro ocho días para responder. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, anunciaron que se reservaban el derecho de exigir rendición de cuentas ante las autoridades judiciales. Esta movilización colectiva marca un paso decisivo hacia una gobernanza más ética y responsable.
