El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso sentencias de 5, 10 y 15 años de prisión a varios implicados en una red de tráfico ilícito de migrantes haitianos, entre ellos militares activos del Ejército de la República Dominicana (ERD), una mujer de nacionalidad haitiana y varios civiles.
Los condenados a 15 años de prisión son los militares Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno.
Según la sentencia, los uniformados se valieron de su posición para facilitar, con dolo y omisión, el cruce ilegal de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano, a través de la frontera norte que conecta las provincias de Dajabón y Montecristi.
Entre los civiles que fungían como cabecillas de la red delictiva figuran Eddy Rafael Cordero Villanueva (alias Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes fueron condenados a 10 años de prisión por su papel protagónico en la organización del tráfico de migrantes.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), resaltó que la falta de arrepentimiento y la participación activa de los imputados fueron factores determinantes en la decisión del tribunal.
Bejarán subrayó que este fallo representa «una decisión histórica en el Caso Frontera», y lo calificó como un avance significativo en la lucha contra redes criminales que operan en zonas fronterizas. Agregó que la sentencia es un paso firme en defensa de la soberanía nacional y la institucionalidad del país.
Otros condenados
Entre los demás condenados se encuentra Edna Josep, de nacionalidad haitiana, quien recibió 10 años de prisión por alojar y ocultar a migrantes irregulares en territorio dominicano.
Asimismo, ocho personas involucradas en el transporte y la logística de movilización de los migrantes fueron sentenciadas a cinco años de prisión. Estos son: Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez.
Febrero de 2023
En febrero de 2023, la PETT puso en marcha esta operación que se dedicaba al tráfico de inmigrantes haitianos, desplegando un operativo en la zona fronteriza norte que comprende las provincias de Montecristi y Dajabón.
En el operativo ejecutaron 16 allanamientos y arrestaron a las 15 personas que fueron condenados recientemente a penas de 5, 10 y 15 años de prisión, en los que se encuentran miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD), una nacional haitiana y civiles dominicanos.
Esta red se dedicaba a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con los militares condenados, quienes estaban asignados a funciones en la referida zona fronteriza. Estos facilitaban la entrada y salida irregular de indocumentados de nacionalidad haitiana, a cambio de obtener beneficios económicos.
En los allanamientos realizados por las autoridades se encontraron 24 inmigrantes entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser transportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
Entre las evidencias ocupadas a los hoy condenados se encontraron:
- Documentos
- Vehículos
- Motocicletas
- Armas de fuego
- Municiones
- Cargadores para pistolas
- Dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes)
- Celulares
- Computadoras
- Otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas
Los jueces
Junto a Bejarán Álvarez representaron al Ministerio Público en el caso la fiscal de Montecristi Grimaldi Oviedo y la fiscal Yohanny Herrera, quienes contribuyeron a la presentación de un expediente fuerte, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.
Los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa «una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar«.
