Santo Domingo, R.D. — El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$ 50 millones como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como imputados en el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 fallecidos.
Además del pago millonario, el tribunal les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. La jueza también declaró el proceso como caso complejo, dada la magnitud del suceso y el volumen de elementos probatorios.
La audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se extendió por más de 12 horas. A las 11:43 de la mañana, los hermanos Espaillat ingresaron a la sala, y pasadas seis horas, el abogado Félix Portes, representante de varias víctimas, comunicó que más del 80 % de los abogados presentes solicitaban modificar la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual.
Portes también señaló que varios representantes legales consideran que la actuación de Maribel Espaillat fue más grave que la de su hermano, denunciando que trató de interferir en la investigación contactando a un testigo clave. En ese sentido, solicitaron prisión preventiva para ella, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
“La mayoría estamos de acuerdo en que a ella también se le imponga prisión preventiva y que no se le dé un trato preferencial”, expresó Portes.
Posteriormente, 15 abogados que no comparten la calificación presentada por el Ministerio Público intervinieron, y a las 9:20 p. m. concluyeron sus exposiciones. Luego de un receso, el abogado defensor Miguel Valerio presentó los alegatos a favor de los hermanos, solicitando un plazo de dos horas para su exposición.
Cerca de la 12:30 de la madrugada, la jueza titular se retiró a deliberar y, pasadas la 1:30 a. m., emitió el fallo con las medidas impuestas.
El caso continúa generando amplio interés nacional, debido a la cantidad de víctimas, la magnitud de la tragedia y la relevancia pública de los imputados.
