El Gobierno dominicano informó que, a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), ha recuperado 6,500 millones de pesos producto de actos de corrupción.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa donde dijo que este monto será incorporado al próximo semestre del presupuesto del Estado para su posterior inversión.
De los bienes recuperados, 3,500 pertenecen a recuperación directa, mientras que los restantes 3,000 a casos de Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).
Asimismo, el mandatario indicó que quedan pendientes algunos casos que se encuentran en curso para la recuperación de 130 mil millones de pesos.
Explicó que estos fondos se transfieren al Estado a través del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), que tendrá a su cargo las subastas de los bienes muebles. Estima que la primera subasta se llevará a cabo a finales de este mes o principios de agosto.
Mientras que en los casos que sean bienes inmuebles (efectivo) pasan a la Tesorería Nacional para que se haga una ley especial que determine en qué se utilizarán. «Se destinará a atender las necesidades del Gobierno ya sea por inversiones o por gastos presupuestados», dijo.
Aseguró que no fue fácil el proceso, debido a que el Equipo de Recuperación encontró resistencia de funcionarios, acceso limitado a información internacional, presión de diferentes poderes, además de limitaciones legales y logística.
Cero impunidad
El jefe de Estado afirmó que desde su Gobierno están más firmes que nunca en la lucha contra la impunidad, y advirtió que, sin importar la condición o estatus de las personas, serán llevadas ante la justicia si cometen actos de corrupción.
Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de corrupción.
«Haga la denuncia, nosotros hacemos la investigación y usted puede estar seguro de que no va a haber impunidad. No importa quién sea, no importa la categoría de quien sea, no importa el apellido que tenga, no importa el nivel político que tenga, si cometió un acto ilegal, va a tener que responder ante el Ministerio Público, y lo hemos probado».
Destacó que, entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones.
Enfatizó que se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual.
Además, dio a conocer que más de 517 procesos de compras sospechosas se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD$43 mil millones y se han emitido 112,000 alertas a instituciones públicas para frenar comportamientos riesgosos.
