Esta información fue detallada por Katiusca Viviano Castillo, procuradora fiscal y coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro de Multas y Ejecución de Garantías Económicas.
El Banco Agrícola resguarda más de RD$2,065.5 millones provenientes de fianzas judiciales impuestas por el Ministerio Público a escala nacional.
Del monto total captado, RD$2, 065, 555,116.37 se encuentran depositados en certificados de la entidad bancaria, mientras que los restantes RD$39, 813,749.62 están disponibles en cuentas de ahorro del mismo banco.
Esta información fue detallada por Katiusca Viviano Castillo, procuradora fiscal y coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro de Multas y Ejecución de Garantías Económicas.
Castillo precisó que el monto total acumulado es hasta el 30 de julio del presente año.
Las garantías económicas impuestas en efectivo a nivel nacional se pagan a través de Certificados Financieros del Banco Agrícola.
«Estos certificados se emiten a nombre de la Procuraduría General de la República, pero siempre a favor de cada imputado, y son custodiados hasta la resolución del caso», explicó la representante del Ministerio Público.
En las provincias donde el Banco Agrícola no cuenta con sucursales, las fianzas se depositan en una cuenta de ahorro de la institución, también a favor del imputado.
Devolución de fondos y proceso de solicitud
La procuradora fiscal agregó que el principal destino de estos fondos es la devolución a los imputados cuando son descargados de los cargos en su contra o cuando la medida de coerción es levantada por orden judicial.
Para solicitar la devolución de una fianza, el imputado debe esperar a que el tribunal que conoce su proceso emita una sentencia definitiva que ordene explícitamente dicha devolución.
Una vez obtenida la sentencia, la parte interesada debe depositar su solicitud ante el Ministerio Público de la jurisdicción donde se conoció el proceso.
«El monto de la fianza se fija considerando la gravedad del delito, la situación económica del imputado y el riesgo de fuga», afirmó Castillo.
Añadió que el juez es quien especificará la forma de la garantía, la cual puede ser un depósito en efectivo, el otorgamiento de prendas o hipotecas, o una póliza de seguro.
Los documentos requeridos para la devolución incluyen la sentencia o resolución penal certificada que ordena la devolución, una constancia de no recurso de apelación, y cualquier otro documento pertinente al caso.
Tras la revisión y análisis de la solicitud, el Ministerio Público procederá conforme a lo establecido.
Medidas de coerción en Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal (Ley No. 76-02) regula la garantía económica como una de las medidas de coerción que pueden imponerse a un imputado.
El Artículo 235 detalla las formas en que esta garantía puede constituirse: mediante el depósito de dinero o valores, el otorgamiento de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, o una póliza con cargo a una empresa de seguros.
La garantía económica es una de las medidas menos restrictivas de la libertad personal y busca asegurar la presencia del imputado en el proceso judicial, siendo el juez quien determina su suficiencia.
El Artículo 226 del mismo Código Procesal Penal enumera otras medidas de coerción que un juez puede imponer: Prohibición de salir del país, localidad o ámbito territorial fijado por el juez; sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona determinada; presentación periódica ante el juez o la autoridad designada; colocación de localizadores electrónicos; arresto domiciliario y prisión preventiva (la medida más agravante).
Es crucial recordar que todas las medidas de coerción son de carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que se busca resguardar.
La prisión preventiva, en particular, debe ser el último recurso, aplicándose solo cuando no se pueda evitar la fuga del imputado con otra medida menos restrictiva.
