Washington, 4 de agosto de 2025 — El Departamento de Estado de Estados Unidos ha propuesto una nueva medida que podría cambiar significativamente el proceso de obtención de visas de negocios y turismo: exigir a los solicitantes el pago de una fianza que podría alcanzar los 15.000 dólares.
Según adelantaron fuentes oficiales, el anuncio formal de esta iniciativa se publicará en el Registro Federal el próximo martes. La propuesta apunta a reforzar el control migratorio y garantizar que los visitantes cumplan con las condiciones de su visa, entre ellas el retorno a sus países de origen tras la expiración del permiso.
De implementarse, esta fianza actuaría como garantía financiera y podría representar un importante obstáculo para miles de solicitantes, especialmente provenientes de países con ...
Washington, 4 de agosto de 2025 — El Departamento de Estado de Estados Unidos ha propuesto una nueva medida que podría cambiar significativamente el proceso de obtención de visas de negocios y turismo: exigir a los solicitantes el pago de una fianza que podría alcanzar los 15.000 dólares.
Según adelantaron fuentes oficiales, el anuncio formal de esta iniciativa se publicará en el Registro Federal el próximo martes. La propuesta apunta a reforzar el control migratorio y garantizar que los visitantes cumplan con las condiciones de su visa, entre ellas el retorno a sus países de origen tras la expiración del permiso.
De implementarse, esta fianza actuaría como garantía financiera y podría representar un importante obstáculo para miles de solicitantes, especialmente provenientes de países con economías en desarrollo. Aunque el monto sería reembolsable en algunos casos, la sola exigencia podría disuadir a muchos potenciales visitantes.
La medida aún está en fase de propuesta y se espera que abra un periodo de comentarios públicos, durante el cual distintos sectores —incluyendo organizaciones de derechos civiles, cámaras de comercio y gobiernos extranjeros— expresen sus opiniones y preocupaciones.
Esta posible política se enmarca en los esfuerzos del gobierno estadounidense por reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias, aunque ya ha comenzado a generar debate sobre su impacto en el turismo, las relaciones diplomáticas y la percepción internacional de EE.UU. como destino accesible.
