Familias, un apoyo fundamental
En el proceso educativo la parte familiar es fundamental. Johanny Florentino, quien por años ha trabajado en la Escuela Nacional para Sordos (Enapsor), ha notado que el desarrollo académico de aquellos estudiantes que cuentan con el apoyo familiar es mayor que los que no.
“Y no solamente el desarrollo académico en el momento, sino a largo plazo”, cuenta con la pasión que le desborda al hablar de la comunidad y la cultura sorda, “logran sus metas”.
Desde el Departamento de Lengua de Señas de la Enapsor, el cual coordina, le toca “animar a la las familias a dar ese apoyo en condicionar a sus hijos para que ellos puedan quizás terminar la primaria, la secundaria y lograr sus objetivos también de la universidad, o sea, de los estudios superiores que muchos de ellos quieren alcanzar, que quizás algunas circunstancias no le permiten, pero que sí tienen el deseo de hacerlo.”
Barreras para progresar
Sin embargo, no a todos les es posible ingresar a una academia de educación superior. Desde el Conadis se reconoce la gran barrera que existe para ingresar en las universidades debido a los costos elevados de los intérpretes, además de la matrícula universitaria.
“Hemos tenido casos de personas que incluso han conseguido becas para universidades, pero prefieren tener la beca del intérprete, o sea, que le paguen el intérprete a la beca de la universidad, porque el intérprete suele salir más caro”, agregó Katherine Rodríguez, quien se desempeñó como encargada de la División de Inclusión Educativa en el Conadis entre 2018 y 2022.
Pero el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), enumera otras barreras tanto para el servicio de intérpretes en universidades como para la propia comunidad sorda, tales como la falta de recursos y financiamiento específicamente destinados, la carencia de formadores e intérpretes certificados y la necesidad de un registro sistemático.
La Ley 43-23 sobre Lengua de Señas contempla un artículo dedicado exclusivamente a las responsabilidades del Mescyt en torno a este tema. Una de ellas es “facilitar una educación para personas sordas en las instituciones de educación superior que lo soliciten”.
Desde la promulgación de la ley, en agosto de 2023, el Mescyt ha recibido 3 solicitudes formales para la asignación de intérpretes de lengua de señas en clases universitarias, una de ellas fue hecha por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) destinada a apoyar a dos estudiantes, con cobertura parcial durante algunas semanas y el resto han sido solicitudes individuales de otras universidades privadas, pendientes de respuesta al momento de la solicitud de este dato a la Oficina de Acceso a la Información de este ministerio.
Aunque la UASD cuenta con 23 estudiantes que no pueden ver u oír y 32 que tienen dificultad para oír incluso con el uso de audífonos, según el informe de prevalencia de la discapacidad auditiva entre los estudiantes inscritos en el semestre 2025-10; se desconoce la cantidad de estudiantes sordos en el sistema universitario dominicano.
No obstante, el órgano rector de la educación superior dominicana ha identificado iniciativas prometedoras a nivel institucional, aunque todavía limitadas, y cree que esto evidencia un interés creciente y diversidad de proyectos. Sin embargo, aún queda camino por recorrer hasta el cumplimiento pleno de la Ley 43-23.
De su lado, Conadis está trabajando en políticas que garanticen a los intérpretes, pero según la comunidad sorda, la demanda en el país es mayor a la oferta, pese a que aún no se tiene un registro oficial que confirme la cantidad de intérpretes.
“Es una demanda a la cual no podemos dar respuesta porque hay mucha necesidad (…) y cada día llega más y no damos abasto”, con expresión de preocupación, estas palabras son expresadas por Greysi García, intérprete y miembro fundadora de la Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana (Anilesred).
En ocasiones, no todos los intérpretes tienen la disposición de prestar sus servicios en aulas; en otras, los alumnos sin audición no tienen acceso a los recursos económicos suficientes para costear la interpretación en universidades.
“Así parece ser que la educación se convierte en un privilegio para unos pocos”, agrega Greysi, quien considera que no se tomó en cuenta explícitamente el papel de los intérpretes en el acceso de las personas sordas a la información.
Y no se refiere a establecer una cuota de intérpretes nombrados en la nómina pública, sino personas que además de ocupar puestos en el Estado, tengan entre sus competencias la lengua de señas.
“Eso favorecería que si viene un usuario, una persona sorda, puede brindársele el servicio en lengua de señas”, añade, “eso pudiera traer mayor cobertura en diferentes campos, que no tuviesen que pagar un intérprete cada vez que tienen que moverse a sacar un acta de nacimiento, a sacar su propia cédula, ¿por qué? Porque ya existen personas ahí que le pueden brindar el servicio de manera gratuita”.
Pero tampoco es posible desde el Gobierno, aunque la ley deje en sus hombros asegurar la accesibilidad a esta educación bilingüe y bicultural, además de promover el uso de esta lengua en instituciones estatales
