El Tribunal emitió una decisión en la que otorga un plazo de 60 días al Ayuntamiento para dar cumplimiento a una sentencia previamente dictada. La disposición establece, además, la aplicación de una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso en la ejecución del fallo, en caso de que la entidad municipal no cumpla en el tiempo establecido.
La medida busca garantizar la efectividad de la resolución judicial y presiona al Ayuntamiento a actuar dentro del marco legal. La figura de la astreinte funciona como una sanción económica destinada a asegurar la ejecución de las sentencias y evitar dilaciones injustificadas.
Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado sobre los pasos a seguir para acatar la decisión, mientras diversos sectores sociales han mostrado interés en que el Ayuntamiento cumpla dentro del plazo señalado para evitar que los recursos públicos se vean afectados por el pago de las penalidades.
