Este programa incluido dentro de los trabajos que realiza el Gobierno de seguridad ciudadana, fue descontinuado en 2023 sin que las autoridades hayan informado el cierre de su existencia y los motivos.
En una decisión que ha pasado desapercibida para muchos ciudadanos, un programa clave dentro del conjunto de políticas de seguridad ciudadana implementadas por el Gobierno fue descontinuado en 2023. La medida no fue acompañada de ningún anuncio oficial ni explicación sobre las razones del cierre, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia institucional.
El programa, que formaba parte de los esfuerzos estatales por fortalecer la prevención del delito y mejorar la convivencia en zonas vulnerables, había sido promovido durante años como una herramienta efectiva para reducir los índices de criminalidad y fomentar la participación comunitaria.
Sin embargo, desde finales del año pasado, organizaciones sociales y actores locales comenzaron a notar la suspensión progresiva de actividades, la ausencia de personal técnico en terreno y la falta de recursos, lo que levantó sospechas sobre su continuidad. Recién ahora se ha confirmado que el programa fue efectivamente cerrado, aunque sin que se haya emitido ningún comunicado por parte del Ministerio correspondiente ni del Gobierno central.
Expertos en políticas públicas y seguridad advierten que la falta de información oficial vulnera el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos públicos y pone en duda el compromiso con la rendición de cuentas. Además, alertan sobre las posibles consecuencias negativas que esta decisión pueda tener en comunidades que dependían del apoyo institucional que ofrecía el programa.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido a las solicitudes de información ni ha entregado detalles sobre los motivos detrás de la descontinuación, ni si será reemplazado por otra iniciativa similar en el corto plazo.
