A 11 años de la ruptura constitucional declarada por el país, esta semana resurgió en la opinión pública un supuesto interés del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) por reinstaurar el reconocimiento de la competencia de dicho tribunal.
La relación entre la República Dominicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha estado marcada por profundas fricciones y desencuentros jurídicos.
A 11 años de la ruptura constitucional declarada por el país, esta semana resurgió en la opinión pública un supuesto interés del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) por reinstaurar el reconocimiento de la competencia de dicho tribunal.
Sin embargo, para comprender el presente, es necesario analizar el origen del conflicto.
La Corte IDH es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 (Pacto de San José).
Su función es velar por el respeto a los derechos ciudadanos de forma indiscriminada.
La República Dominicana es signataria de este acuerdo desde 1978, pero fue en 1999 cuando el Gobierno del entonces presidente Leonel Fernández reconoció formalmente la competencia de la Corte, aceptando sus fallos como vinculantes.
La ruptura de 2014
El giro radical ocurrió en 2014. El Tribunal Constitucional (TC) dominicano dictó la sentencia 0256/14, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la Corte IDH de 1999, alegando que el Poder Ejecutivo no contó en su momento con la aprobación previa del Congreso Nacional.
Este fallo se produjo apenas dos semanas después de que la Corte IDH condenara al país por supuestas repatriaciones ilegales de ciudadanos haitianos.
En aquella ocasión, el tribunal internacional también instó a República Dominicana a modificar su Constitución para otorgar la nacionalidad a hijos de extranjeros indocumentados nacidos en territorio nacional.
Ante la sentencia del TC, la Corte IDH respondió que un Estado no puede liberarse de su jurisdicción mediante normas de derecho interno mientras siga siendo parte del tratado.
Sentencias previas contra el Estado
Históricamente, la Corte IDH ha mantenido una línea crítica frente a las políticas migratorias dominicanas:
2005: Determinó que el Estado violó el derecho a la nacionalidad de dos niñas nacidas en el territorio (Caso de las niñas Yean y Bosico).
2012: Aseveró un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes migratorios en el caso Nadege Dorzema y otros.
Rechazo y alerta nacional
Los rumores de una posible reconciliación, impulsada supuestamente por el canciller Roberto Álvarez, han provocado una reacción inmediata de sectores nacionalistas.
Vinicio Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), advirtió sobre el peligro de otorgar nuevamente competencia a una corte que «mandó a dar nacionalidad dominicana a todos los ilegales».
Por su parte, el presidente en funciones de la FNP, Pelegrín Castillo, calificó cualquier intento de acercamiento como una «flagrante violación al artículo 3 de la Constitución», asegurando que el pueblo dominicano resistirá estas acciones.
Incluso el expresidente del TC, Milton Ray Guevara, ratificó la posición de 2014, calificando a la Corte como «enemiga de los dominicanos» tras sus ataques a la soberanía nacional.
Es necesario distinguir que la CIDH es la Comisión Interamericana, con sede en Washington, encargada de investigar.
Mientras, la Corte IDH es la Corte Interamericana (con sede en San José, Costa Rica), que es la que emite las sentencias mencionadas antes referidas y con la que el país mantiene la ruptura.
