La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó ante el Congreso Nacional una serie de propuestas de alto impacto para blindar el sistema político dominicano contra la infiltración de recursos ilícitos.
El vicepresidente ejecutivo la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, en misiva dirigida al senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión Especial que estudia el Proyecto de Ley sobre integridad y control del financiamiento político, planteó exigencias que cambiarían las reglas del juego para todo aspirante a cargos electivos.
La propuesta central de la entidad busca que la transparencia no sea una promesa de campaña, sino un requisito previo y auditable ante las autoridades tributarias.
Candidatos bajo la lupa de la DGII
El jurista recomienda que se establezca como requisito obligatorio para cualquier ciudadano que aspire a una candidatura la presentación de una declaración jurada de patrimonio ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Dijo que el aspirante deberá transparentar sus bienes y finanzas correspondientes a los últimos tres años previos a su postulación.
Sostuvo que en su defecto, deberá presentar una certificación de la DGII que acredite que está al día con sus obligaciones tributarias.
Afirmó que esta medida busca detectar incrementos injustificados de bienes antes de que la persona llegue al poder, evitando que las candidaturas sean utilizadas para el lavado de activos.
«Esta exigencia fortalecería la transparencia, reduciría conflictos de interés y elevaría los estándares de rendición de cuentas de quienes aspiran a representar al pueblo», acotó el jurista.
Responsabilidad penal para partidos y candidatos
La propuesta de la Finjus, no solo apunta a los individuos, sino que traslada una carga de responsabilidad a las organizaciones políticas, exigiendo mecanismos de «debida diligencia obligatoria».
Manifestó que Castaño Guzmán, que los partidos estarían obligados a verificar antecedentes vinculados a corrupción, narcotráfico y crimen organizado de sus candidatos y donantes.
Igualmente, el jurista propone que las violaciones a esta ley no se limiten a multas, sino que incluyan la pérdida de la candidatura, la nulidad de la elección, la inhabilitación política y la responsabilidad penal del infractor.
Trazabilidad y fiscalización autónoma
Para acabar con los aportes «bajo la mesa», Finjus sugiere un sistema actualizado en tiempo real donde se identifique monto, origen, medio de pago y destino de cada peso invertido en política.
También limitar estrictamente el uso de efectivo para que todos los recursos sean auditables y crear un órgano con autonomía funcional y capacidad de investigación patrimonial.
Un muro contra el crimen organizado
Castaños Guzmán advirtió que una legislación débil en esta materia es una «puerta abierta» para estructuras criminales que erosionan la democracia.
«Aprobar una norma sólida no debe asumirse como una opción, sino como una responsabilidad inaplazable para proteger la integridad del sistema democrático y preservar el Estado de derecho», concluye la misiva de FINJUS.
