A dos años de la firma del Pacto por los Animales, impulsado por Listín Diario y la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA), la República Dominicana comienza a evidenciar una transformación progresiva, aún insuficiente, pero significativa, en la forma en que la sociedad, los medios y el Estado responden frente al maltrato animal.
Casos judiciales, respuestas institucionales y una nueva presión mediática confirman que la causa animal en República Dominicana dejó de ser invisible.
A dos años de la firma del Pacto por los Animales, impulsado por Listín Diario y la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA), la República Dominicana comienza a evidenciar una transformación progresiva, aún insuficiente, pero significativa, en la forma en que la sociedad, los medios y el Estado responden frente al maltrato animal.
Lo que durante décadas fue una causa sostenida en silencio por rescatistas independientes y ciudadanos comprometidos, hoy se ha convertido en un tema de interés público, con incidencia mediática, institucional y judicial.
El cambio más contundente no está únicamente en el discurso, sino en los hechos. Casos que antes quedaban impunes hoy generan consecuencias.
Un ejemplo reciente que estremeció a la opinión pública fue el ocurrido en Sabana Perdida, donde varios individuos fueron arrestados tras difundirse un video en el que rociaban con combustible y prendían fuego a un gato.
La rápida intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público, así como la aplicación de la Ley 248-12, marcaron un precedente claro: la crueldad animal comienza a tener respuesta penal.
De igual manera, el proceso judicial contra una mujer acusada de matar de forma violenta a una perra ha contribuido a abrir el debate nacional sobre la necesidad de sanciones ejemplares y la correcta aplicación de la legislación vigente.
Este tipo de acciones, que hace pocos años eran excepcionales, empiezan a consolidar una nueva cultura jurídica en torno a la protección animal.
A la par, se observa una evolución en la respuesta operativa de instituciones como el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que ha incrementado su participación en rescates de animales en situaciones de emergencia, así como de la Defensa Civil y la propia Policía Nacional, que muestran una mayor disposición para intervenir en denuncias, mediar conflictos y garantizar presencia institucional en casos de maltrato.
Otro cambio significativo ha ocurrido en el ámbito mediático. La cobertura de casos de violencia contra animales ha crecido de forma sostenida en los principales medios del país, tanto tradicionales como digitales.
Hoy, la difusión de estos casos forma parte de la agenda informativa diaria, y la presión pública generada a través de redes sociales y plataformas digitales ha contribuido a acelerar la respuesta de las autoridades.
Esta nueva dinámica, ciudadanía que denuncia, medios que amplifican e instituciones que responden, ha sido uno de los efectos más visibles del compromiso asumido bajo el Pacto.
En el plano institucional, la incidencia de la FEDDA ha permitido trasladar la causa animal del terreno de la denuncia al de la propuesta.
Diversas iniciativas han sido presentadas ante entidades del Estado con el objetivo de convertir la protección animal en política pública. Entre ellas destacan propuestas al Ministerio de Salud Pública, que por primera vez ha iniciado procesos para la adquisición de vacunas quíntuples y antiparasitarios, ampliando su enfoque más allá de la tradicional vacunación contra la rabia; al PROPEEP, para integrar jornadas comunitarias de esterilización y vacunación; y al INFOTEP, con el propósito de desarrollar formación técnica en bienestar animal.
Asimismo, se han planteado propuestas a la DASAC para incluir alimentos para animales en programas sociales; a la OPRET y la OMSA para la creación de protocolos que permitan el acceso regulado de animales al transporte público.
Al MINERD para incorporar la educación en protección animal dentro del currículo escolar; y al CONADIS para la inclusión de animales guía en el marco legal de discapacidad.
A nivel municipal, iniciativas como el registro inteligente de animales de compañía en la Alcaldía del Distrito Nacional y la propuesta de sustitución de carretas de tracción animal por alternativas eléctricas en la Alcaldía de Santiago reflejan un enfoque más moderno y estructural.
En el ámbito legal, uno de los avances más relevantes ha sido la creación de la red nacional de abogados defensores de las víctimas, que también incluye a los animales, RELEVIC, impulsada con el respaldo del Ministerio Público bajo la gestión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
Esta iniciativa representa un paso importante hacia la institucionalización de la defensa jurídica de los animales, permitiendo que las denuncias cuenten con seguimiento y respaldo especializado.
DESAFÍOS
No obstante, los desafíos persisten. La ausencia de un presupuesto nacional destinado a programas sostenidos de esterilización, la aplicación desigual de la ley, la limitada infraestructura veterinaria pública y la falta de estadísticas oficiales continúan siendo obstáculos para una respuesta integral.
A pesar del aumento en las jornadas de esterilización y vacunación en distintas comunidades, el país aún carece de una política nacional articulada que permita abordar de manera sistemática el control poblacional de animales en situación de calle.
Más allá de los avances concretos, el impacto más profundo del Pacto por los Animales es de carácter cultural. La sociedad dominicana comienza a comprender que el maltrato animal no es un hecho aislado ni un asunto menor, sino un problema que involucra salud pública, convivencia y valores fundamentales.
Cada vez más ciudadanos denuncian, más instituciones responden y más comunidades optan por soluciones éticas en lugar de la violencia.
Dos años después, la causa animal ha dejado de ser invisible. Se ha convertido en parte del debate nacional y en un indicador del tipo de sociedad que el país aspira a construir.
El camino aún es largo, pero los cambios observados confirman que, por primera vez, la República Dominicana ha comenzado a moverse en una dirección distinta. Y en procesos de transformación social, ese primer paso suele ser el más determinante.