los servidores protestan por las precariedades que enfrentan, en una jornada de 24 horas que provocará la suspensión masiva de audiencias en todo el país y aumentará el cúmulo de procesos pendientes.
La paralización nacional convocada por jueces y empleados del Poder Judicial amenaza con agravar aún más el retraso en los tribunales.
En un sistema saturado y cargado de expedientes, los servidores protestan por las precariedades que enfrentan, en una jornada de 24 horas que provocará la suspensión masiva de audiencias en todo el país y aumentará el cúmulo de procesos pendientes.
La jornada de protesta, motivada por reclamos relacionados con aumentos salariales, ascensos, sobrecarga laboral y precariedades, ha encontrado respaldo en distintos sectores del ámbito jurídico de Santiago.
Entre los profesionales del derecho que han expresado públicamente su solidaridad con el movimiento figuran Juan Carlos Genao Peralta y Héctor Cabreja, quienes sostienen que la lucha no debe limitarse al plano económico, sino que representa una demanda por el fortalecimiento institucional y la dignificación del sistema judicial dominicano.
Sin embargo, la paralización impacta directamente el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales. Durante la suspensión de labores, los usuarios no pueden realizar depósitos presenciales, solicitar certificaciones, retirar documentos ni gestionar audiencias, lo que provoca atrasos procesales, incertidumbre jurídica y pérdidas económicas.
Uno de los sectores más afectados es el de las personas privadas de libertad, debido a que la suspensión podría generar reenvíos de procesos para fechas de entre tres y seis meses, prolongando la prisión preventiva. Genao indicó que la medida también afecta procesos civiles, laborales, inmobiliarios y comerciales, retrasando desalojos, cobros y medidas urgentes.
Juristas advierten que la acumulación de expedientes podría provocar un colapso temporal en algunas jurisdicciones. “La justicia tardía termina convirtiéndose en justicia denegada”, sostienen los expertos.
Por su parte, el abogado Esteban Pérez dijo que el impacto podría ser “sumamente negativo” para un sistema que ya opera con escasez de jueces.
“En Santiago, los procesos judiciales simples pueden extenderse entre tres y cuatro años debido al congestionamiento. Cada tribunal colegiado en Santiago conoce entre 20 y 25 audiencias por día; todo lo que se suspenda tendrá que ser reprogramado”, explicó.
Asimismo, el abogado Álvaro Jesús Núñez consideró que, aunque las reclamaciones son legítimas, la huelga no es la mejor estrategia debido a la saturación actual, sugiriendo buscar otros mecanismos de diálogo.
Ante este escenario, la comunidad jurídica coincide en que la Suprema Corte de Justicia debe evaluar con urgencia las condiciones de los tribunales e incorporar más personal para evitar el colapso del sistema.
