La secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, notificó la reprogramación de la audiencia para ese día a las 10:00 de la mañana.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional pospuso para el próximo 19 de junio la lectura de la decisión que determinará si el exsenador Rafael Calderón es enviado a juicio de fondo, en el marco del proceso que se le sigue por su presunta vinculación en el caso de corrupción administrativa conocido como caso Calamar.
La secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, notificó la reprogramación de la audiencia para ese día a las 10:00 de la mañana.
La información fue comunicada formalmente al doctor Wilson Beriguete, abogado defensor de Calderón, así como a la procuradora de Corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mientras que el abogado Wilson Beriguete solicitó el rechazo total del pedimento de los fiscales de la Pepca y, en cambio, requirió un auto de no ha lugar a favor de su defendido, bajo el argumento de que este no cometió los hechos atribuidos.
LAS ACUSACIONES: UN SUPUESTO «HOLDING CRIMINAL»
De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, el exsenador Calderón es acusado de integrar un «holding criminal» que operó durante la gestión del expresidente Danilo Medina.
Según el órgano persecutor, esta red se dedicaba a la expropiación irregular de terrenos y a la distracción de fondos públicos con el objetivo de financiar la campaña política del año 2020.
El órgano acusador detalla que, valiéndose de su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exlegislador presuntamente gestionaba de forma directa la autorización de pagos de deuda administrativa por concepto de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Según la acusación, Calderón exigía a los propietarios legítimos de los terrenos la entrega de montos que oscilaban entre el 40 % y el 70 % de las sumas pagadas por el Estado. Estos desembolsos se realizaban bajo acuerdos transaccionales firmados por Guerrero «sin ninguna justificación ni fundamento legal, salvo el pago de sobornos».
LAVADO DE ACTIVOS Y MONTOS BAJO INVESTIGACIÓN
La Pepca sostiene que, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero, el excongresista utilizó a personas físicas y jurídicas como prestanombres. En el entramado societario se menciona al ciudadano Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como a las empresas propiedad del también acusado Omar Manuel Miqui Arias, específicamente las sociedades Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A.
Las investigaciones financieras del Ministerio Público determinaron que, producto de estas operaciones presuntamente ilícitas, Rafael Calderón habría percibido una suma total de RD$ 165,297,166.71.
