Dajabón, R.D. – Residentes de distintos sectores ubicados en la zona sur de este municipio expresaron su creciente preocupación ante la falta de suministro de agua potable por parte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
Entre los barrios afectados se encuentran Benito Monción, La Bomba, El Abanico, La Fe, entre otros, cuyos moradores aseguran llevar varios días sin recibir el servicio, lo que ha complicado sus labores domésticas y condiciones de higiene.
Los comunitarios han hecho un llamado urgente a las autoridades competentes para que resuelvan la situación cuanto antes, advirtiendo que de no obtener respuesta podrían iniciar jornadas de protestas pacíficas.
“Es un abuso que no se nos garantice un servicio tan esencial como el agua. Tenemos niños, ancianos y enfermos que están siendo perjudicados”, expresó una residente del sector El Abanico.
Hasta el momento, INAPA no ha ofrecido una explicación oficial sobre las causas de la interrupción ni ha anunciado un plan de solución. La población sigue a la espera de una respuesta inmediata que devuelva la normalidad a estos sectores de Dajabón.
Miembros del Departamento de Investigación de Crímenes (DICRIM) en Loma de Cabrera fueron denunciados luego de que estos abrieran un vehículo estacionado en la vía pública sin orden judicial y en ausencia de su propietario. Los agentes alegaron posteriormente que el mismo estaba en falta por tener una placa de matrícula vencida.
El dueño del vehículo, un profesor de la comunidad, expresó su sorpresa al presenciar cómo los agentes abrieron su automóvil sin autorización legal ni su presencia.
Durante el incidente, un comunicador local que acompañaba al profesor cuestionó a los agentes sobre este procedimiento. En respuesta, los mismos afirmaron que detendrían el vehículo por estar en falta debido a la supuesta matrícula vencida.
Pepillo Salcedo, R.D. – Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la carretera Copey-Gozuela, en el municipio de Pepillo Salcedo, cuando un camión cargado de sandías colisionó con una jeepeta en una curva de dicho tramo vial.
Según reportes preliminares, el camión se desplazaba en una curva cuando impactó con el vehículo tipo jeepeta. A consecuencia del choque, una joven que viajaba en la jeepeta resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro de salud cercano para recibir atenciones médicas.
Las autoridades han exhortado a los conductores a mantener la precaución, especialmente en zonas de curvas peligrosas como la del accidente. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el estado de salud de la joven ni la identidad de los involucrados.
El tránsito en la zona se vio afectado por algunos minutos mientras se realizaban las labores de asistencia y limpieza de la vía.
Manzanillo, la Bahía Asediada: encerrado entre el mar y la frontera, ¿hacia dónde va a crecer?
Por Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER
1.Manzanillo: Un pueblo cercado por el Estado y entregado al gran capital transnacional
La Bahía de Manzanillo, en el extremo transfronterizo del noroeste dominicano, es hoy el símbolo de una paradoja asfixiante: está acorralada entre el mar, la frontera con Haití y una nueva muralla invisible impuesta por el propio Estado. El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), lejos de abrirle el futuro a la comunidad, actúa como un cerrojo que limita toda posibilidad de expansión justo cuando el municipio enfrenta el mayor asedio corporativo externo de su historia. Con el pretexto de la “zona de amortiguamiento”, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, se bloquea la única franja de crecimiento natural de Manzanillo y se le niega a la población su derecho a desarrollarse, mientras los megaproyectos energéticos y logísticos avanzan con total libertad sobre áreas de incalculable valor ambiental y estratégico.
Este absurdo se traduce en un drama social: un municipio con mar, puerto, frontera, tejido social cohesionado y cultura de trabajo es condenado a la inmovilidad y a la expulsión silenciosa de sus jóvenes familias, mientras consorcios internacionales ocupan el territorio con apoyo de capital foráneo y del mismísimo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La comunidad, despojada de su derecho a habitar y prosperar en su propia tierra, se enfrenta a un futuro cercado por intereses industriales y energéticos, sentenciada a la emigración o a la marginalidad en su propio suelo. El PMOT no solo niega el crecimiento demográfico y social, sino que criminaliza la expansión orgánica de la población bajo el argumento de “desorden” y “dispersión”, justificando así la restricción de 74,3 hectáreas fundamentales para el desarrollo local y deshilachando el tejido social que ha sostenido a Manzanillo por generaciones.
La gran contradicción del discurso oficial es flagrante: se proclama la creación de un “hub” regional y logístico mientras se margina a la propia comunidad. ¿Cómo puede aspirar Manzanillo a convertirse en un centro logístico de importancia si sus habitantes no tienen dónde construir sus hogares, escuelas o centros de salud? La respuesta es brutalmente simple: el plan está diseñado como un enclave industrial y portuario, no como un espacio de vida para la gente. La comunidad es vista como un obstáculo a contener, no como un actor a empoderar. El PMOT, en lugar de ser un instrumento de progreso y equidad, se ha convertido en el símbolo de un modelo de exclusión, despojo y subordinación absoluta a los intereses del gran capital.
Ecocidio en Estero Balsa: El Silencio Cómplice del Ministerio de Medio Ambiente
Mientras el Plan de Ordenamiento Territorial blinda zonas de crecimiento comunitario con el pretexto de una “zona de amortiguamiento”, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un acto de flagrante complicidad, se convierte en el verdugo silencioso de un ecocidio ambiental que desgarra Playa Estero Balsa. Igualmente, la descarada acción de desmontar 500,000 metros cuadrados de bosque seco a pocos metros del área protegida Parque de Manglares Estero Balsa, un refugio histórico de aves, reptiles y criaderos de abejas reina esenciales para la producción melífera de la zona, sin realizar ningún estudio ambiental previo, no es solo una violación grotesca de la Ley 64-00 de Medio Ambiente; es una bofetada a la misión fundamental de una institución que debería ser la guardiana de nuestro patrimonio natural.
La Laguna Saladilla, parte vital del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, ya agoniza con un alarmante 37.6% de degradación. Sin embargo, en lugar de actuar con la contundencia que la situación demanda, el Ministerio opta por la inacción, permitiendo que la ambición corporativa devore impunemente ecosistemas de valor incalculable. La contradicción es sangrante: se criminaliza el crecimiento de un pueblo humilde con la etiqueta de “desordenado”, mientras se legitima la destrucción masiva de un bosque vital por parte de consorcios poderosos. Este doble rasero es una afrenta a la justicia ambiental y una traición a las futuras generaciones de dominicanos.
El PMOT, en su actual configuración, no solo omite abordar los impactos de las termoeléctricas en el aire y el agua, sino que se abstiene de establecer límites claros para la expansión industrial que amenaza la integridad de una zona Ramsar de importancia internacional. La “injusticia ambiental” de este plan se materializa en la ausencia de regulaciones detalladas y vinculantes que frenen la impunidad de los consorcios. La falta de fiscalización real y la ausencia de sanciones por incumplimiento convierten al Ministerio de Medio Ambiente en un actor pasivo, un mero observador de la devastación, en lugar de un garante de la protección ambiental.
III. La Hipocresía del BID: Un “Desarrollo Sostenible” para Pocos
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo es un testimonio de la hipocresía inherente al modelo de “desarrollo sostenible” promovido por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este organismo, que en sus comunicados aboga por “cláusulas ambientales” y la “protección al medio ambiente”, se convierte en un actor central en la perpetuación de un “ecocidio ambiental” y un “apartheid territorial” en Manzanillo. Al financiar megaproyectos energéticos y la ampliación del Puerto de Manzanillo, el BID contradice sus propios principios, revelando que sus compromisos ambientales son, en la práctica, meras formalidades sin una aplicación real y efectiva.
La dependencia del financiamiento externo del BID limita la autonomía en las decisiones locales, subordinando el bienestar de la comunidad a los intereses de inversionistas externos. El PMOT concentra los beneficios en los consorcios, sin una redistribución local significativa ni compensaciones adecuadas por la pérdida de tierras agrícolas o los daños socioambientales generados. Los “avances teóricos” de conservación y planificación quedan eclipsados por una implementación que favorece a actores externos sobre la comunidad.
La concentración de la riqueza en pocas manos y la ausencia de políticas para fomentar la competencia local evidencian que el plan está diseñado para consolidar el poder económico de las grandes corporaciones, desincentivando la inversión privada local ajena a estos grandes consorcios. La falta de auditorías independientes para los proyectos financiados por el BID y la inacción del Ministerio de Medio Ambiente para fiscalizar las violaciones de los consorcios crean un ambiente de impunidad que beneficia a los poderosos a expensas de la comunidad y del ecosistema. Así, el BID se convierte en un actor central en esta dinámica de injusticia, donde sus propias cláusulas ambientales son solo formalidades vacías.
La Complicidad Ministerial: Economía y Desarrollo al Servicio de las Élites y los Poderosos
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se supone debe velar por un desarrollo equitativo e inclusivo, ha asumido un rol vergonzoso al acompañar la formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial en Manzanillo que es, en esencia, un instrumento al servicio de las grandes corporaciones. Su complicidad en la confección de un PMOT que limita el crecimiento comunitario y encubre la devastación ambiental por parte de megaproyectos energéticos y logísticos es una afrenta a los principios de la planificación para el bienestar social. Este ministerio, al validar un plan que prioriza la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos, se desmarca de su misión de fomentar un desarrollo integral para todos los ciudadanos.
La ausencia de programas reales de remediación ambiental para Playa Estero Balsa y la omisión de mecanismos de compensación social y ambiental para las comunidades afectadas evidencian una clara negligencia por parte de esta cartera ministerial. En lugar de garantizar que el desarrollo genere beneficios equitativos y proteja los derechos de la población, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se ha convertido en un facilitador de un modelo extractivo que profundiza las desigualdades y vulnera la sostenibilidad a largo plazo. Su silencio ante la “expulsión silenciosa” de familias por la falta de vivienda digna y la priorización de intereses corporativos sobre las necesidades poblacionales locales es inaceptable.
El plan, al no promover la diversificación productiva local ni fomentar incentivos para emprendimientos propios, traiciona la visión de un desarrollo endógeno y equilibrado. La concentración de beneficios en consorcios y la ausencia de redistribución local refuerzan un “apartheid territorial” entre consorcios y comunidad. Es urgente que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reoriente su brújula y asuma su responsabilidad de construir un plan que sirva verdaderamente a la comunidad de Manzanillo, y no solo a los intereses económicos de unos pocos.
Esta complicidad institucional margina las propuestas de desarrollo local, ignora las demandas de la población y transforma al Estado en agente activo del despojo. Así, la credibilidad de la política de planificación territorial queda gravemente cuestionada: el PMOT, lejos de ser un pacto social, es la expresión de un Estado capturado por intereses foráneos y de una democracia profundamente vulnerada.
La resistencia de la comunidad: firmeza frente al despojo
Ante este escenario, la comunidad de Manzanillo y sus líderes han demostrado una firmeza ejemplar. La Sala Capitular del Ayuntamiento, en particular, se ha plantado y ha rechazado el plan en su versión actual, exigiendo una revisión real que contemple el crecimiento legítimo de la población y la protección de los bienes comunes. Este acto de resistencia no es un gesto simbólico, sino un ejercicio de soberanía ciudadana frente al avance implacable de intereses privados.
La fuerza de la comunidad reside en su organización y en su capacidad de articular alianzas con sectores sociales, eclesiales y ambientalistas. A pesar de la presión y el hostigamiento, los líderes han defendido su derecho a decidir sobre el futuro del municipio y a exigir que el desarrollo sea realmente inclusivo y sostenible. La historia de Manzanillo es, hoy, la historia de una dignidad en lucha, y un mensaje al país y al mundo: las comunidades no están dispuestas a aceptar pasivamente su desplazamiento. Donde el Estado falla y las corporaciones avanzan, la sociedad organizada se convierte en el último baluarte de la justicia y el sentido común.
Debilidades estructurales: un plan plagado de vicios y omisiones
El PMOT de Manzanillo no es solo problemático por sus objetivos, sino por sus múltiples debilidades técnicas y sociales. Impide la inversión local en infraestructura, niega la regularización de la tenencia de la tierra, no articula políticas de movilidad ni contempla soluciones para el déficit de servicios básicos. La autonomía municipal queda reducida a la mínima expresión y los mecanismos de participación ciudadana real son inexistentes o inoperantes.
La omisión de programas robustos de compensación socioambiental y la falta de protección para pescadores, agricultores y jóvenes deja a la comunidad sin herramientas para resistir el impacto de los megaproyectos. El plan no incorpora políticas efectivas de restauración de áreas degradadas ni protege el patrimonio histórico ni la identidad local.
Esta suma de deficiencias convierte al PMOT en un instrumento peligroso: lejos de gestionar el territorio con justicia y visión, lo convierte en un espacio funcional a la expansión de intereses externos y al progresivo vaciamiento de la vida comunitaria.
VII. El modelo extractivo y el “apartheid” territorial
El verdadero trasfondo del PMOT y de la agenda de megaproyectos es la consolidación de un modelo extractivo y de “apartheid territorial”. Mientras la comunidad local ve sus derechos restringidos, los grandes consorcios obtienen licencias para ampliar sus operaciones y controlar las rutas de acceso, las zonas portuarias y los enclaves estratégicos.
Este “modelo Manzanillo” es el reflejo de una tendencia global: convertir comunidades vivas en plataformas de extracción y exportación, despojando a sus habitantes de la posibilidad de decidir sobre su propio destino. Las barreras legales, las normas técnicas y los discursos ambientales se convierten en los nuevos instrumentos del despojo.
Manzanillo es hoy un caso de libro: la promesa de “hub” logístico y energético se traduce en el desplazamiento sistemático de la población y en la fragmentación de su tejido social. El territorio, que debería ser espacio de vida y de encuentro, se transforma en un bien mercantil sujeto a las necesidades cambiantes del capital internacional.
VIII. El derecho a decidir: soberanía social y nuevos pactos territoriales
La única salida posible para Manzanillo es reclamar el derecho inalienable de su comunidad a decidir sobre el uso, gestión y destino de su territorio. Este derecho implica una revisión radical del PMOT, la apertura de un proceso genuinamente participativo y la consolidación de mecanismos que aseguren la cogobernanza entre Estado y sociedad local.
El futuro de Manzanillo debe pasar por un nuevo pacto territorial basado en la equidad espacial, la protección ambiental real y la prioridad absoluta de las necesidades comunitarias sobre las exigencias de las grandes corporaciones. Los estudios técnicos deben subordinarse al mandato democrático y a los intereses colectivos.
El reto es inmenso, pero la historia está llena de ejemplos donde la movilización social, la solidaridad y la inteligencia colectiva han logrado revertir modelos injustos y construir territorios más justos y habitables. Manzanillo puede y debe ser parte de ese nuevo horizonte latinoamericano.
El espejismo del desarrollo: cuando el progreso es para otros
El Plan Maestro de Manzanillo fue vendido como el pasaporte al desarrollo y la modernidad: promesas de empleo, mejoras en infraestructura, inversiones millonarias y una “transformación regional”. Pero, en la práctica, este supuesto progreso ha sido un espejismo para la mayoría de los habitantes. Los empleos generados son temporales, de baja cualificación y mayoritariamente ocupados por personal externo. El grueso de las oportunidades y de la riqueza fluye hacia los consorcios que controlan las obras y la operación de las nuevas infraestructuras.
Los precios de la vivienda en la zona se han disparado, mientras el acceso a servicios públicos esenciales —agua, salud, educación— sigue siendo precario y desigual. La bonanza anunciada no llega a las familias de Manzanillo, que ven cómo el “desarrollo” solo sirve para encarecer la vida y aumentar la presión por emigrar. Las verdaderas prioridades locales —vivienda social, empleo estable, regularización de la tenencia de la tierra— brillan por su ausencia.
Detrás del marketing de la sostenibilidad y la modernidad se esconde un modelo que profundiza la desigualdad y refuerza la exclusión. Manzanillo vive el drama de ser espectador de un desarrollo ajeno, donde los grandes ganadores son actores externos y el costo lo asumen las familias expulsadas de su propio espacio.
Estrategia para la resistencia y el futuro: pasos para la comunidad y su Ayuntamiento
La Sala Capitular y la comunidad de Manzanillo deben asumir el liderazgo de una estrategia integral de resistencia y construcción alternativa. Entre los pasos recomendados destacan: la convocatoria de asambleas comunitarias permanentes; la articulación de recursos legales nacionales e internacionales para detener la ejecución del PMOT en su forma actual; la exigencia de auditorías ambientales y sociales independientes para todos los megaproyectos; y la elaboración de un plan alternativo de desarrollo que parta de las necesidades reales y las propuestas de la población.
Se debe, además, buscar el respaldo de redes internacionales de justicia ambiental, ONG, universidades y organismos multilaterales con verdadero compromiso con los derechos humanos y la protección de los territorios. Es imprescindible visibilizar el caso de Manzanillo ante la opinión pública nacional e internacional, documentando y denunciando cada violación y cada acto de complicidad institucional.
La resistencia de Manzanillo es la resistencia de miles de comunidades acorraladas por el extractivismo y la indiferencia estatal. Es el momento de demostrar que otro desarrollo es posible, y que el territorio pertenece, antes que, a los consorcios, a quienes lo habitan, lo cuidan y lo hacen vivir cada día.
XI. Llamado a la acción internacional: Manzanillo como símbolo de una lucha global
El caso de Manzanillo no es un hecho aislado, sino un síntoma de una tendencia global alarmante: la subordinación de los territorios y sus comunidades a los intereses de los grandes capitales y de los organismos internacionales de financiamiento. La “zona de sacrificio” que se está construyendo en la frontera norte de República Dominicana debe llamar la atención de los organismos de derechos humanos, las agencias de la ONU y las redes internacionales de justicia ambiental.
El silencio institucional y la falta de reacción de la comunidad internacional ante el ecocidio y el despojo territorial perpetrados en Manzanillo constituyen una amenaza para todos los pueblos que hoy defienden sus territorios ante el avance de los megaproyectos. Es hora de romper la indiferencia y de exigir que el desarrollo sea realmente sostenible, democrático e inclusivo.
Manzanillo puede y debe convertirse en un referente de resistencia ciudadana y defensa del territorio, no solo para República Dominicana sino para toda América Latina. La justicia ambiental, la soberanía comunitaria y el derecho a un futuro digno están en juego. La lucha de Manzanillo es, hoy, una causa universal.
El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, se pronunció este lunes en la audiencia ante el tribunal colegiado del distrito judicial de Puerto Plata, donde se enfrenta a acusaciones relacionadas con abuso sexual en contra de una menor de edad. Franco expresó su deseo de que se haga justicia en su caso.
Durante la audiencia, el pelotero tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y reiteró su anhelo por justicia que considera merecida.
“Lo único que espero es que se haga justicia”, afirmó, mientras la sala atendía su declaración.
El juicio no solo involucra a Wander Franco, sino también a la madre de la adolescente implicada, quien enfrenta acusaciones de explotación de menores y lavado de activos.A pesar de las circunstancias, Franco, quien jugaba para los Rays de Tampa, manifestó su deseo de continuar su carrera en el béisbol.
“Estoy practicando para mantenerme en forma”, comentó el pelotero, comprometido a no dejar que la situación afecte su pasión por el deporte.
En tanto que, el Ministerio Público prosigue con la lectura del expediente acusatorio y los testimonios de testigos, en un proceso que determinará el futuro de los involucrados en este caso tan mediático.
El alcalde municipal Santiago Riveron ofreció detalles sobre el incendio que afectó en la madrugada del domingo una de las naves del nuevo vertedero municipal, ubicado en la comunidad La Patilla.
Según explicó el ejecutivo municipal, el siniestro redujo a cenizas una de las naves, provocando pérdidas superiores a los diez millones de pesos. Señaló que el fuego pudo haberse originado debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días en esta demarcación fronteriza.
Riveron detalló que tanto el Cuerpo de Bomberos como otras instituciones realizan el levantamiento técnico en el lugar para evaluar los daños y determinar las causas exactas del incendio, ocurrido en un área destinada al almacenamiento de materiales reciclables.
El alcalde añadió que una comisión del fideicomiso encargado de la operación del vertedero llegará próximamente a Dajabón, con el objetivo de realizar su propia evaluación de los daños y llevar a cabo las acciones correspondientes.
Montecristi. – Este fin de semana se llevó a cabo un importante operativo médico enfocado en la prevención de enfermedades, en las instalaciones del Hospital Padre Fantino de Montecristi. La jornada fue organizada de manera conjunta por la Dirección Provincial de Salud y la administración del centro hospitalario.
Durante el operativo, decenas de personas de diferentes comunidades acudieron para recibir atenciones médicas preventivas, chequeos generales, orientación sobre estilos de vida saludables, y servicios de detección temprana de diversas condiciones de salud.
Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el bienestar de la población, especialmente en sectores vulnerables, y reiteraron su compromiso de continuar acercando los servicios de salud a toda la provincia.
Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez. — La comunidad de Villa Los Almácigos se encuentra de luto tras la trágica muerte de dos jóvenes oriundos de este municipio, quienes perdieron la vida este domingo al ahogarse en el balneario Las 7 Aguas del río Guayubín, en Sabaneta.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Alfredo García, de 23 años, y Rafael Caba, de tan solo 15 años, ambos residentes del sector Los Naranjos de Villa Los Almácigos.
El lamentable suceso ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes aún no salen del asombro ante la pérdida de dos jóvenes con un prometedor futuro por delante.
Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que rodean el hecho para esclarecer los detalles de lo ocurrido.
Este trágico evento pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en zonas de recreo acuático frecuentadas por la población.
Filadelfia, EE. UU. — La velocista dominicana Marileidy Paulino continuó demostrando su dominio en las pistas al conquistar este domingo la prueba de los 200 metros planos en el Grand Slam Track, celebrado en Filadelfia, registrando un tiempo de 22.46 segundos.
Este triunfo se suma a la victoria que obtuvo el sábado en los 400 metros, donde cronometró 49.12 segundos, reafirmando su excelente estado de forma de cara a los próximos compromisos internacionales.
Paulino, campeona olímpica y una de las figuras más destacadas del atletismo dominicano, sigue consolidándose como una de las principales exponentes de la velocidad a nivel mundial. Su doble hazaña en Filadelfia ratifica su condición de favorita en las próximas competencias de la temporada.
Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de los militares en retiro y sus familias, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, bajo el liderazgo del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., ha logrado avances significativos en materia de empleabilidad a través del Programa de Coordinación de Gestión de Empleo, desarrollado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA).
Gracias a esta iniciativa, en los últimos meses más de 714 pensionados y familiares directos han sido colocados en empleos dignos y bien remunerados en empresas privadas, generando ingresos mensuales superiores a los RD$40,000, adicionales a sus pensiones regulares. Esta oportunidad ha brindado estabilidad económica, emocional y social a cientos de hogares que hoy gozan de un entorno más seguro y próspero.
El programa fue concebido en el año 2020 por el entonces presidente de la JRFPFFAA y actual ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre, como una visión transformadora del rol del Estado en la protección y el bienestar post-servicio del personal militar. Desde entonces, la Junta de Retiro se ha consolidado como un enlace confiable entre la comunidad militar retirada y el sector productivo nacional.
Los beneficiarios han sido integrados a funciones como técnicos especializados, personal administrativo, electricistas, plomeros, supervisores en empresas de seguridad y choferes personales, entre otros, en destacadas compañías nacionales e internacionales que continúan solicitando perfiles previamente evaluados por la institución, reflejo de la confianza y prestigio que ha alcanzado el programa.
Esta acción forma parte de una estrategia institucional del Ministerio de Defensa orientada a reconocer el valor del servicio prestado por los miembros de las Fuerzas Armadas, facilitar su reintegración activa a la vida laboral y garantizarles nuevas oportunidades de desarrollo y estabilidad personal y familiar.
