El acuerdo permite el ingreso temporal y excepcional de extranjeros en tránsito, excluyendo haitianos y menores no acompañados, pero aquí se presentan vacíos de la información que se presta para levantar dudas legítimas.
En un movimiento que estrecha las relaciones bilaterales bajo la iniciativa «Escudo de las Américas», el Gobierno dominicano y los Estados Unidos han suscrito un memorando de entendimiento de alto nivel.
Si bien el comunicado oficial destaca el fortalecimiento de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen transnacional, el documento deja abiertas interrogantes críticas sobre su implementación logística y legal.
El documento contiene partes sin claridad e inconsistencias que el anuncio no termina de despejar porque no apunta con consistencia, no amplia en los detalles y se limita a establecer términos cerrados.
Por ejemplo, el acuerdo permite el ingreso temporal y excepcional de extranjeros en tránsito, excluyendo haitianos y menores no acompañados, pero aquí se presentan vacíos de la información que se presta para levantar dudas legítimas.
Mientras, no se especifica de qué países provendrían estos ciudadanos, si se trata de migrantes en situación de refugio, solicitantes de asilo en Estadios Unidos o personas interceptadas en alta mar.
El texto del comunicado habla de un «número limitado», pero no define el grado numérico ni la duración máxima de ese tránsito.
Sin un plazo definido, el concepto de temporalidad expuesto en la pieza informática gubernamental queda sujeto a interpretación.
Se menciona también el respaldo financiero de parte de Estados Unidos, pero no se aclara dónde serán alojadas las personas en tránsito. Lo que de esto podría pensarse es si se construirán centros especializados o se utilizarán instalaciones militares existentes.
El comunicado enfatiza que el acuerdo es no vinculante y que no altera la política migratoria vigente, pero aquí queda clara la existencia de una contradicción.
Si el mecanismo se aplica caso por caso bajo supervisión estadounidense, la pregunta que surge de inmediato es quién tomaría la decisión sobre el perfil de riesgo de los ingresados.
Si bien se asegura que los procedimientos de control fronterizo siguen iguales, la creación de un corredor excepcional para terceros países sienta un precedente que podría colisionar con las leyes migratorias ordinarias si no se maneja con transparencia total.
En el ámbito del narcotráfico, se ha concedido una extensión para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de EE. UU.
Como puntos ciegos de coordinación para poner en marcha este acuerdo, el comunicado indica que se usarán «las mismas instalaciones utilizadas previamente», pero no detalla cuáles son ni bajo qué reglas de compromiso operará el personal extranjero en suelo dominicano.
La falta de detalles sobre los protocolos de interdicción genera dudas sobre el nivel de autonomía de las fuerzas locales frente a la tecnología y operatividad estadounidense. El acuerdo menciona la modernización de sistemas mediante capacidades tecnológicas y biométricas.
Un detalle que debe generar preocupación es que en ninguna parte se aclara cómo se gestionará la base de datos biométricos de los ciudadanos dominicanos y extranjeros, o si Estados Unidos tendrá acceso directo a esta información.
La protección de los datos personales es una ausencia notable en la explicación oficial que ha dado el gobierno dominicano.
Por otra parte, en lo que respecta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas alinea al país con la política exterior de Washington de manera frontal.
Aun reconociendo que se trata de un compromiso con la seguridad global, esta medida coloca al país en la línea de conflictos extracontinentales.
El comunicado no explica qué medidas de contrainteligencia se están tomando para mitigar los riesgos derivados de esta designación política.
Aunque el acuerdo promete modernización y recursos, la naturaleza «no vinculante» del memorando contrasta con la profundidad de los compromisos asumidos, especialmente en el tránsito de extranjeros y el uso del espacio aéreo.
