Redacción
PUERTO PLATA, República Dominicana.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Agricultura, entregó este viernes cinco tractores, una perforadora de pozos y material de siembra a productores agropecuarios de esa demarcación atlántica.
Esta fue realizada en el salón de actos la Gobernación Civil, donde estuvo presente el Ministro de Agricultura, Límber Cruz López, el cual aseguró que la administración del presidente Luis Abinader continúa apoyando y llevando alegría a los productores dominicanos.
“Desde el año 2021 estamos apoyando a los ganaderos de la provincia Puerto Plata, con más de tres mil pacas de hierbas (forraje de arroz) mensuales, pero a los agricultores le hemos entregado más de 14 mil sepas de plátanos, 2 mil plantas de cerezas, zapotes, naranjas, pitahayas, cacao, entre otros insumos”.
Cruz López indicó que los tractores nuevos entregados, son para seguir dándole apoyo estatal y buen servicio a todos los productores agrícolas y ganaderos de esa demarcación, con la preparación de tierra gratuita, sin importar sus banderías políticas o credos religiosos.
La Gobernadora civil, Claritza Rochtte, dijo que los tractores estarán disponibles en cada uno de los municipios de Puerto Plata, para asegurar que cada productor tenga la oportunidad de preparar sus tierras de manera gratuita, como lo dispuso el presidente, Luis Abinader.
En el evento estuvo presente la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, además, Pedro Trinidad Ledesma, Director de la Regional Norte de Agricultura, y Carlos Hernández, Encargado de la Zona Agropecuaria de Puerto Plata, quienes resaltaron las ayudas a favor de los hombres y mujeres del campo.
Redacción
PUERTO PLATA, República Dominicana.- Dos hombres a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a un joven durante un asalto acaecido a prima noche del domingo en la calle José Eugenio Khunhart de esa ciudad San Felipe.
El occiso fue identificado como Michell Vásquez González, quien fue sorprendido por los delincuentes cuando estaba sentado afuera de su residencia, frente al Liceo José Dubeau, cuando aparentemente se resistió a ser despojado de una cadena y otras pertenencias.
Vásquez González recibió tres disparos a quema ropa por los antisociales, quienes tras arrebatarle sus prendas preciosas emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, desplazándose a alta velocidad, dejándolo tirado en el pavimento en medio de un charco de sangre.
El fallecido se desempeñaba como subdirector del área de Transportación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), descrito como una persona trabajadora, por lo cual su muerte trágica ha causado mucho pesar en la población.
Tras el acontecimiento, la Policía ha desplegado varios operativos en distintos lugares de esta demarcación, en procura de capturar a los delincuentes que cometieron el hecho criminal que tiñó de sangre la noche a “La Novia del Atlántico”.
Gonell Franco y Carlos Bueno
DAJABON, República Dominicana.-Deportistas y otros comunitarios de Partido Arriba, en el municipio Partido, en esta provincia, denunciaron el grave deterioro que presenta y abandono que presenta la cancha deportiva de su comunidad.
Manifestaron que los adolescentes y jóvenes ya no tienen donde practicar su disciplina deportiva, lo que constituye un daño para ellos, en la salud física y mental.
Expresaron que la problemática ha sido denunciada en otras ocasiones, pero que desafortunadamente las autoridades de la provincia Dajabón han hecho caso omiso.
Dijeron que dicha cancha, debido al avanzado deterioro que presenta, no aguanta remodelación, por lo que reitera su demanda de que se construya una nueva estructura.-
Domingo Popoter
DAJABON, República Dominicana.-Unas 20 organizaciones sociales y barriales de sectores de la zona sur de esta localidad denunciaron ante las principales autoridades de la provincia y el municipio las principales problemáticas que les afectan.
Entre las agrupaciones que participaron en un encuentro con las principales autoridades, encabezadas por la Gobernadora, figuran Iglesias, Juntas de Vecinos y Centros de Madres, entre otras.-
En presencia de estas, las cuales fueron convocadas, comenzaron exponiendo lo concerniente a los altos montos de las facturaciones del servicio de energía por parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDENORTE).
En ese aspecto, dicen que las facturas que llegaban a los mil 900 pesos, en la actualidad y literalmente con el mismo suministro de electricidad, estas llegan hasta los nueve mil pesos y que no se recibe una explicación al respecto por parte de la empresa energética.
En otro orden, dijeron que llevan más de 20 años padeciendo la falta de algunos servicios y obras, entre los que mencionan la falta de agua, aceras y contenes y de un vertedero municipal, lo que también suman la presencia de personas enajenadas mentales.
Manifestaron que estas necesidades y situaciones, las viven en carne propia familias de los barrios Benito Monción, Los Cartones, La Mara, El Abanico, Villa Codepo, Las Palmas y Brisa de Loyola, entre otros.
De su lado, la Gobernadora de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, dijo que ha estado en comunicación con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, y que estas les informaron que en los próximos días continuarían con la construcción de aceras y contenes, para luego proceder a asfaltar las calles.-
Gonell Franco
DAJABON, República Dominicana.-El Pastor, militante social y Comunicador Otacilio Ferreira criticó la mala calidad y la paralización de la construcción de contenes y aceras en la parte alta de la zona sur de esta ciudad, por parte del Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas.
Sostuvo que el dinero que se gasta sale del bolsillo de los ciudadanos, quienes lo pagan por medio de impuestos, por lo que no se justifica que el Ministerio de Obras Públicas vaya a construir aceras y contenes sin reunirse con los comunitarios, que son los verdaderos dueños, por lo que no debe hacerse sin la participación de la comunidad.
Considera que si las autoridades del referido Ministerio se hubieran reunido con la comunidad, esa obra, de la cual puso a circular fotos y videos en las redes sociales, no presentara el grave deterioro que tiene hoy, lo que se constituye en un dinero botado.
Aclaró, entre otras cosas, que con la publicación no se busca dañar a nadie, sino que lo que se busca evitar es que una obra dañada dañe a lo que se presume debieron ser los beneficiarios, y que por la mala calidad de la obra, sean los doblemente perjudicados, ya que no tienen la obra y se perdió el dinero.
Finalmente, el Pastor Otacilio Ferreira demandó de los legisladores de la provincia Dajabón, Senador David Sosa, así como los diputados Darío Zapata y Sonia Agüero, que en su función de fiscalizadores se pronuncien en sus respectivas curules y hagan saber al Presidente Luis Abinader, sobre la mala calidad con que se están construyendo las aceras y contenes en los barrios de la zona sur, a lo que se suma la paralización de la obra sin ninguna explicación.
La jurisprudencia constitucional dominicana ha entendido que “el acceso a la justicia, lo mismo como derecho que como principio, se enarbola como una de las garantías del debido proceso”, tal como expresamente lo dispone el artículo 69.1 de la Constitución.
El derecho de acceso a la justicia ha sido reconocido por el constitucionalismo moderno como parte integrante del catálogo de derechos fundamentales que requieren de una garantía constitucional efectiva. Todo Estado democrático que se precie de tal debe ofrecer a sus ciudadanos un sistema capaz de procesar y resolver los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre ellos o entre éstos y el Estado. En cuanto tal, este derecho busca asegurar a las personas que han visto amenazados o vulnerados sus derechos una vía expedita de protección judicial, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a que son acreedores.
El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas y cuyo ámbito material de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad pública y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos. Propiciar el acceso a la justicia de toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos es la vía más idónea para solucionar pacíficamente los conflictos que se suscitan en las relaciones sociales.
La jurisprudencia constitucional dominicana ha entendido que “el acceso a la justicia, lo mismo como derecho que como principio, se enarbola como una de las garantías del debido proceso”, tal como expresamente lo dispone el artículo 69.1 de la Constitución al disponer: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita…” (TC/0042/15).
La importancia del acceso a la justicia reside en su capacidad de constituirse en la “puerta de entrada” al sistema de tutela judicial y de resolución de conflictos. Sin la aplicación efectiva del derecho de acceso a la justicia, la exigibilidad del resto de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes pierde toda viabilidad. “El acceso a la justicia se yergue, entonces, como un derecho fundamental de primera importancia en todo sistema de administración de justicia democrático”, como lo señala Mauro Capelletty, quien, además, lo define como referencia al derecho igualitario de los ciudadanos de hacer valer los derechos que les reconoce la norma.
Los estándares internacionales sobre acceso a la justicia, a los que República Dominicana se encuentra jurídicamente vinculada, obligan a remover los obstáculos económicos para garantizar el ejercicio de esta prerrogativa a través de la provisión de instancias de asistencia jurídica gratuita, para aquellas personas que por su posición económica no pueden obtener la tutela de sus derechos y solución de sus conflictos de relevancia jurídica.
Para el PNUD este derecho es más que acceso a los tribunales, es el acceso a un remedio eficaz para un problema tutelado por el derecho. Una política de acceso a la justicia implica entonces crear o fortalecer toda instancia, estatal o comunitaria, centralizada o descentralizada, que coadyuve a garantizar el ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta, con imparcialidad e integridad, a las demandas de las personas, en especial de las de aquellas más desfavorecidas.
De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia, también denominado “derecho a la tutela judicial efectiva”, implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la Resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada.
Para el Tribunal Constitucional dominicano el acceso a la justicia “supone que las partes del proceso tengan similares oportunidades de presentar medios probatorios” (TC/0340/19). El objeto de impulsar un proceso es, para la jurisprudencia constitucional, “que quienes participan en él lo hagan movidos por el interés de que los órganos encargados de dirimir los conflictos adopten decisiones para zanjar las diferencias que afectan la convivencia social”, de manera que “el derecho a obtener un fallo es otra prerrogativa derivada del derecho de acceso a la justicia” (TC/0006/14).
El ejercicio de ese derecho constituye un pilar esencial en todo Estado democrático, al garantizar una vía para la solución de conflictos sociales que, de otro modo, tenderían a agravarse. De la misma manera, representa una forma para lograr la justicia social, en la medida en que permite al Estado propiciar soluciones jurisdiccionales a los conflictos sociales y con ello, idealmente, proporcionar satisfacción a grupos vulnerables.
Es importante que el acceso a la justicia se configure de manera tal que permita el acercamiento al sistema administrativo judicial a la mayor cantidad de afectados, y una vez allí, con apoyo efectivo a nivel profesional y humano, encontrar una solución a la conflictividad social. En otras palabras, esta prerrogativa determina que los Estados deben poner a disposición de los ciudadanos mecanismos de la tutela efectiva de sus derechos y de resolución de sus conflictos de relevancia jurídica, a través de recursos judiciales accesibles y adecuados.
Oportuno es resaltar que el derecho de acceso a la justicia es definido en términos de una “garantía fundamental”, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito regional americano y universal.
La Ley 1-12, que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, promulgada en fecha veinticinco (25) de enero de 2012, contempla en su objetivo general número 1.2, “Imperio de la ley y seguridad ciudadana”, el fortalecimiento del respeto a la ley y la sanción de su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población así como la institucionalización y fortalecimiento de “mecanismos que mejoren el acceso de toda la población al sistema de administración judicial y a formas alternativas de resolución de conflictos como arbitraje, conciliación y mediación y establecer espacios de capacitación de mediadores, para eficientizar la administración de justicia y contribuir con ello a la paz social” (objetivo específico 1.2.1.4, de la citada Ley 1-12).
La principal fuente jurídica del derecho de acceso en el ámbito externo lo es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 14.1 se consagra formalmente el derecho de acceso a la justicia, como sigue:
“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.
Similar redacción se encuentra en el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. El sentido especial de estas disposiciones es que los Estados no deben interponer obstáculos para que las personas acudan a los jueces o tribunales en busca de protección a sus derechos. En ese sentido, cualquier norma o medida estatal que dificulte el acceso a la justicia, y que no esté justificada por necesidades razonables de la propia administración de justicia, debe entenderse como contraria a las normas internacionales. Este derecho además de estar reconocido en el art. art. 8.1., también lo está en el art. 25 de la Convención, última norma que establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.
El acceso a la justicia es un derecho que permite hacer efectivos otros derechos que han sido vulnerados o que deben ser reconocidos a quienes acuden ante el sistema de justicia para solucionar sus conflictos jurídicos. Asimismo, se configura como una garantía del derecho de igualdad en la medida que supone que los Estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, y hagan efectivo su derecho sin sufrir discriminación alguna de por medio.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (llamada también Convención de Belém do Pará, del nueve de junio de 1994), dispone en su Art. 7 que los Estados parte están obligados a incluir normas penales, civiles, administrativas y de otra naturaleza en su ordenamiento interno para prevenir, sancionar erradicar la violencia, y a tal efecto se configura una especial norma de acceso a la justicia a favor de un grupo vulnerable, como el de la mujer, pues como parte de sus deberes internacionales los Estados parte se obligan a (Art. 7, letra f), a … establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
En julio del año 2000 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó el documento Aplicación de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, instrumento que faculta la creación de medidas específicas que garanticen el acceso a la justicia. En la misma se exige a los Estados miembros desarrollar políticas que garanticen el acceso de las víctimas a los servicios necesarios para su resarcimiento mental, físico y social, además del respeto de sus derechos:
En el mismo sentido obran las iniciativas sectoriales implementadas por diversos organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, instituciones especializadas en la materia como el CEJA, así como las Defensorías del Pueblo o Comisiones de Derechos Humanos, numerosas redes y alianzas de organizaciones no gubernamentales y en el ámbito de la propia organización de los Estados Americanos se ha puesto énfasis en la necesidad de que los Estados inicien procesos de reforma de los sistemas de justicia en los que se analicen y solucionen los obstáculos de acceso a la justicia.
El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita, es una prerrogativa fundamental que vincula a todos los poderes públicos, en consecuencia, estos están obligados a garantizar su efectividad en los términos que establecen la constitución y la ley, por tanto, deben allanar el camino y remover los escombros a fin de que los menos favorecidos puedan cruzar el umbral de la justicia y reclamar que la garantía de sus derechos fundamentales sea realmente efectiva como lo ordena la constitución de la República.
Manzanillo, Montecristi. – La comunidad de Manzanillo se encuentra sumida en la indignación y el desconcierto después de que la procuradora del Distrito Judicial de Montecristi, Johanny A. Herrera, haya ordenado la liberación de los presuntos secuestradores responsables de tratar de sacar por la fuerza de un restaurant a una persona y realizar un violento tiroteo en plena calle en el frente del lugar ubicado en la calle 27 de febrero. La decisión ha generado un escándalo sin precedentes y ha dejado perplejos a los habitantes.
El capitán de la lancha Cayo 1, Santiago Sosa de los Santos, y tres tripulantes más, Pedro Brand de la Cruz, Joselito Antonio Paulino y Mariglen Hotaj, fueron puestos en libertad el pasado sábado, generando aún más indignación entre los ciudadanos. Los empleados del Restaurante El Puerto, testigos directos de los hechos, se vieron obligados a expulsar a las personas involucradas por temor a que ocurriera una tragedia en el establecimiento.
El incidente ocurrió a plena luz del día y frente a todos los empleados del restaurante local. Testigos relatan escenas de pánico y terror mientras los presuntos delincuentes amenazaban a sus víctimas con armas de fuego y lograban sacarlas del lugar. Al intentar introducir a la fuerza a una yipeta a uno de los secuestrados, Santiago Sosa de los Santos logró escapar, lo que dio lugar a un tiroteo en un intento por detenerlo o asesinarlo.
En relación con los sucesos ocurridos, se destaca que supuestamente las causas de lo ocurrido estarían relacionadas con un ajuste de cuentas vinculado a actividades ilegales de trata de personas hacia Puerto Rico y desde Cuba hacia la República Dominicana. Según la información recopilada, el objetivo del secuestro era Santiago Sosa de los Santos, quien se encontraba en medio de un conflicto por una deuda con un individuo llamado Pelofino, relacionado con el negocio de viajes ilegales.
El rumor público que circula en Manzanillo destaca que estos individuos se dedican a buscar en Cuba a jóvenes prospectos del béisbol. Según declaraciones del capitán de la lancha, Santiago Sosa de los Santos, autodenomina a esta ´persona “turistas cubanos» y supuestamente utilizan lanchas rápidas para ingresar ese país en sus traslados a Republica Dominicana.
Ante esta situación, la indignación se ha extendido rápidamente por toda la comunidad, pues resulta incomprensible que la justicia haya tomado la simple decisión de liberar a estas personas, a pesar de los graves delitos que han cometido. La procuradora del Distrito Judicial de Montecristi, Johanny A. Herrera, ha sido duramente criticada por su papel en esta escandalosa resolución judicial.
«Es una burla a la justicia y a la seguridad de nuestra comunidad», comenta un residente de Manzanillo, visiblemente consternado. «Estamos en riesgo, porque estos individuos han demostrado que son capaces de cometer actos violentos sin ningún remordimiento».
La palabra «secuestro» ha cobrado un nuevo significado en Manzanillo, donde los habitantes se sienten desprotegidos y vulnerables frente a la impunidad de los delincuentes. La comunidad exige respuestas y una justicia que esté a la altura de las circunstancias.
Las cámaras de seguridad, tanto dentro como fuera del restaurante, captaron el momento en que los presuntos secuestradores llegaron al lugar, intentando llevarse a Santiago Sosa de los Santos. El administrador del restaurante les advirtió que estaban siendo grabados-
La presencia de cámaras de seguridad en el Restaurante El Puerto ha sido crucial para documentar los momentos en que los supuestos secuestradores intentaron raptar a Santiago Sosa de los Santos.
Santiago Sosa de los Santos, el capitán de la lancha involucrada en los hechos ha brindado declaraciones a los medios después de sufrir golpes en la cabeza durante el intento de secuestro. Según sus palabras, fue citado por Pelofino desde Puerto Plata, y posteriormente llegaron los desconocidos armados.
La rápida intervención de la Policía Nacional, bajo el mando del director de la regional del Noroeste, Isaías Marte, y en colaboración con el Ejército, condujo a la detención de los agresores en el cruce de Copey-Pepillo Salcedo, evitando así un desenlace aún más trágico en Manzanillo.
Este suceso ha dejado al descubierto la necesidad de fortalecer la seguridad en Manzanillo y tomar medidas para prevenir y combatir actividades delictivas relacionadas con el secuestro y la trata de personas.
El incidente en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, ocurrió cuando un avión de Delta Air Lines acababa de aterrizar y se desplazaba hacia una puerta para el desembarque. El fallecido pertenecía a la compañía que presta servicios en tierra.
Las autoridades policiales y aeronáuticas de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre la muerte de un trabajador adscrito al personal en tierra del Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, que fue succionado por la turbina de un avión de Delta Air Lines en la pista a última hora del pasado viernes.
La muerte del trabajador, cuya identidad aún no se ha hecho pública, ocurrió hacia las 22.25 horas, poco después del aterrizaje de un avión de Delta procedente de Los Ángeles que se desplazaba por pista hacia una puerta para el desembarque de pasajeros, según un comunicado de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB), citado por medios este domingo.
Reportes de prensa informan que el empleado fue succionado por el único motor que el avión tenía encendido en ese momento.
«La NTSB ha estado en contacto con Delta», añadió el comunicado de la agencia federal. «Están en el proceso de recopilación de información en este momento».
Una fuente que conoce el caso, citada por The Guardian, dijo que al parecer el trabajador se había «puesto intencionadamente delante del motor en marcha» del avión, pero todavía no hay ningún pronunciamiento oficial porque el caso se sigue investigando.
La NTSB contribuye con la investigación que lleva adelante la policía y aparentemente en los próximos días podría emitir un informe preliminar.
El fallecido formaba parte del personal en tierra para Delta y otras aerolíneas
El fallecido trabajaba para la compañía Unifi Aviation, que presta las operaciones de asistencia en tierra para Delta y otras aerolíneas,
En un comunicado citado por la local KENS, Unifi expresó estar «profundamente entristecida por la pérdida del empleado… durante un trágico incidente».
De acuerdo con su investigación preliminar, el fallecimiento del trabajador «no estaba relacionada con los procesos operativos, los procedimientos de seguridad y las políticas de Unifi».
La compañía manifestó sus condolencias a los familiares del fallecido y aclaró que «por respeto» a ellos no compartirá «ninguna información adicional» sobre el incidente.
También Delta dijo en un comunicado este domingo que estaba «con el corazón roto» por la pérdida de un miembro de su «familia de la aviación».
«Nuestros corazones y todo nuestro apoyo están con su familia, amigos y seres queridos durante este difícil momento», agregó la aerolínea.
DAJABON, República Dominicana.-Con el apoyo de otras organizaciones, el Centro Montalvo y la Asociación para el Desarrollo y la Recuperación del Río Masacre (AREDECUMA), encabezaron este sábado una quinta jornada de reforestación.
el Operativo de siembra tuvo lugar en las cuencas altas del río Masacre y otras fuentes que confluyen en el mismo, en la zona de Loma Nalga de Maco, así como El Pico del Gallo, y previo a la actividad se realizó un pequeño, pero significativo acto para dejar iniciada la labor.
En dicho acto correspondió al Párroco del Santuario Regional Altagraciano, con sede en Loma de Cabrera, Sacerdote Jesús de León (Padre Noelito), la invocación a Dios, quien aprovechó su intervención, para asegurar que sembrar árboles es cuidar la naturaleza y toda la vida, incluyendo la humana.
A seguidas se produjeron palabras de motivación, las que tuvieron a cargo del Vicepresidente de AREDECUMA, Carlos Rodríguez (Frank), quien exhortó a las organizaciones y a la población en general seguir adelante con la preservación del medio ambiente, y que ello es posible por medio de diferentes tareas.
Las palabras centrales las pronunció Ramón Cruz García (Monchi), presidente de la entidad, quien deploró el deterioro de que han sido objeto las cuencas del río Masacre, y agradeció el esfuerzo del Centro Montalvo y su Equipo, conjuntamente con AREDECUMA y otras organizaciones del movimiento ambiental, social y religioso, en su lucha por el fortalecimiento y cuidado de esta fuente y los recursos naturales en sentido general.
Durante esta quinta jornada, de seis que tienen programadas las entidades involucradas, se plantaron mil 125 matas, 625 de la especie Bambú, y 500 de péndulas.
Finalmente, el área de Comunicación de este programa, integrada por Yessenia Taveras y Gonell Franco, informó que la última jornada de esta etapa se realizará el próximo viernes, y que la misma, como se ha hecho en las anteriores, se llevará a cabo con la participación de personas dominicanas y haitianas, porque la preservación del agua, los bosques y todos los recursos naturales, no es solo un sagrado compromiso de país, sino de la isla (Haití-República Dominicana).-
DAJABON, República Dominicana.-El regidor perremeísta en este municipio, Víctor Hugo Carrasco, anunció que apoya las aspiraciones a diputada de la Gobernadora de esta provincia, Rosalba Milagros Peña.
Carrasco dijo que ha observado que la representante del Poder Ejecutivo ha venido trabajando con mucho ahínco por su provincia como representante del Poder Ejecutivo, y que por eso no le cabe duda que desde el Congreso continúe haciéndolo y bien.
El Concejal hizo el anuncio en el mismo acto en que Peña anunció la noche de este jueves su precandidatura a diputada por el oficialista Partido Revolucionario Moderno.
Igualmente, Carrasco pidió a sus compañeros/as del PRM y a la población en general que apoyen a esta mujer, la cual tiene una gran trayectoria de trabajo político y social.
