A ritmo de “No vertedero y “mátennos con balas y no con basura”, comunitarios escenificaron ayer una protesta pacífica en contra de la construcción que alertan afectaría su salud, el desarrollo ecoturístico de la zona y afluentes de agua, que van directo al río Isabela.

Pintando las calles de blanco y uniendo la voz de la comunidad con las autoridades y la iglesia, decenas de personas salieron bajo el sol a la avenida principal de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, en rechazo a la instalación de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate.

A ritmo de “No vertedero y “mátennos con balas y no con basura”, comunitarios escenificaron ayer una protesta pacífica en contra de la construcción que alertan afectaría su salud, el desarrollo ecoturístico de la zona y afluentes de agua, que van directo al río Isabela.

“Continuamos esta lucha que hemos iniciado desde el año 2021 y que en el año 2023 le fue rechazada a esta empresa destructora que quiere acabar con nuestra comunidad. Este no es el final, es la continuidad de una lucha que no terminará hasta que las autoridades competentes, entiéndase el Ministerio de Medio Ambiente, diga de manera definitiva y rotunda no al vertedero”, manifestó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

La negativa en contra de la construcción del relleno sanitario se remonta hasta 2021, año en que la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

Sin embargo, este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción y generando la preocupación de los comunitarios, que temen por su calidad de vida y estarían dispuestos a abandonar sus casas de materializarse la construcción.

Esta manifestación unió las voces de residentes de Mamá Tingo, La Malena, El Limón, La Piña, Salamanca, Arroyo Indio, La Estancia, Los Aguacates, La Jagua, Loma de Mateo, Pedregal, Los García, La Guáyiga y Pedro Brand, quienes se sumaron a la protesta y advirtieron que de no obtener respuesta de las autoridades, continuarán frente al Palacio Nacional.

“Nuestras comunidades nos mantendremos vigilantes y en pie de lucha hasta que nos escuchen, sino el próximo encuentro será en el Palacio Nacional”, expresó Correa.

Asimismo, el alcalde de La Cuaba, Carlos Montaño, se sumó a la voz del pueblo, expresando su rechazo a la construcción, al tiempo de solicitar al presidente, Luis Abinader, poner oído de escucha en el clamor de los comunitarios.

“No vamos a permitir jamás que se instale una empresa a traer a basura a esta comunidad, sabemos que a la basura hay que buscarle una solución, pero la solución no está en el distrito municipal de La Cuaba… La Cuaba tiene un crecimiento vendiendo su ecoturismo, para venir a hacer senderismo, para venir a andar a caballo, venir en four wheels y ahora que nos vengan a traer un vertedero sería decirle no a la provincia Santo Domingo”, señaló el alcalde de La Cuaba.

Precisamente, esta comunidad procura que el Congreso Nacional la reconozca como destino ecoturístico, proyecto sometido en la Cámara Baja por el por el diputado de la circunscripción 5 de Santo Domingo, Aldo Adón, quien dio su respaldo a la protesta.

“Conocemos sus necesidades, hemos conocido sus dolencias y no es desde hoy y sabemos las necesidades que ustedes pasan, pero sobre todo, cuales son las herramientas que ustedes necesitan para mantener ese desarrollo… Me sumo a la causa y quiero que sepan que conmigo cuentan, La Cuaba tiene doliente”, manifestó el diputado.

El relleno sanitario se construiría en la calle principal de El Aguacate, en la parcela 54, que tiene 1,500 tareas de extensión, frente a una de las granjas de Avitécnica, una empresa privada que se dedica a la crianza avícola, lo que los comunitarios denuncian estaría en conflicto por la naturaleza de ambos.

Apoyo

Alexis Rafael Peña, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y representantes de otras comunidades de Santo Domingo y el Distrito Nacional se movilizaron hasta la zona, expresando su apoyo a los comunitarios.

“Le decimos no al vertedero en el distrito municipal de La Cuaba por varias razones, una es que este distrito nos ayuda con el agua potable, si no hay agua y se le hace daño a este distrito, nosotros como provincia Santo Domingo y Distrito Nacional nos vemos afectados, ese vertedero que las autoridades le busquen otro lugar que no afecte los ríos de Santo Domingo”, dijo Peña.

De su lado, José Mieses, miembro del Club María Auxiliadora, del barrio capitalino que lleva el mismo nombre, expresó que la instalación de este relleno sanitario solo aportaría insalubridad y atraso a La Cuaba.

“Instalar un vertedero seria dañar su gente y atrasarla en el desarrollo, no es cierto que con este vertedero está comunidad pueda recibir algún beneficio que no sea insalubridad y dañar el medioambiente”, manifestó.

Ambos nombres responden a figuras de relevancia en la vida religiosa católica del país.

Dentro de los 50 nombres más comunes entre la población dominicana, Rafael es el que ocupa el primer lugar en frecuencia entre el sexo masculino, mientras que Altagracia ocupa ese mismo puesto dentro del femenino.

Ambos nombres responden a figuras de relevancia en la vida religiosa católica del país, como es el caso de San Rafael, definido como arcángel identificado en el Libro de Tobías como un compañero de viaje y sanador, y Nuestra Señora de la Altagracia, considerada la «madre espiritual y protectora» del pueblo dominicano.

De acuerdo al Top de los 50 nombres más comunes contenidos en el sistema de registro civil de la Junta Central Electoral (JCE), hay 46,611 nombres de Rafael, siendo el que mayor cantidad ocupa.

A este, le sigue el nombre de Miguel Ángel, con 36,032 registros; así como José Luis con la cantidad de 34,737 y Juan con 33,131 registros.

En ese mismo rango de mayor cantidad de registros, continúa el nombre de Juan Carlos con 31,795; seguido de Francisco con 31,461 repeticiones y José Antonio con 31,250 registros con ese nombre.

Siguen en volumen de registros, los nombres de Altagracia, con 31,166; José Manuel, con 30,476; José Miguel con 28,969 y Ramón con 28,231 registros.

Dentro de los más frecuentes en el sistema de registro civil del país continúa el nombre de María, con 28,062 registros; le siguen Carlos Manuel con 27,411 y Juana con 27,152.

José es el nombre más común que continúa en esa lista de los 50 más frecuentes, con registro de 26,663, seguido de María Altagracia con 26,161.

Otros nombres que siguen en frecuencia de uso en el país son Ramón Antonio y Julio César, con registros de 24,771 y 23,935, respectivamente.

Antonio continúa en esa lista con 23,771 casos; así como Víctor Manuel, con 23,487 y Elizabeth con 23,398.

Alexander y Daniel también están dentro de los nombres más comunes entre la población dominicana, con registros de 22,881 y 22,007, respectivamente.

Les siguen en frecuencia, Luis Manuel, Pedro y Ramona, con 21,140; 20,110 y 20,055, respectivamente, así como Mercedes con 19,147 registros.

Figuran, además, Domingo, 18,456; Francisca con 18,044; Alejandro 17,877 y Roberto con 17,630 registros.

Carmen también está dentro de esos top 50 más comunes, con registros de 17,508; seguido de María del Carmen con 17,053 y José Alberto, con 16,682.

Continúan en frecuencia, los nombres de Luis Miguel, Luis Alberto, Santa y Enmanuel, con cifras de 16,524; 16,414; 16,413 y 16,327, respectivamente.

Jorge Luis, sigue en la lista con 16,289; Rafael Antonio, con 16,237; José Ramón, con 15,722 y Ana María, con 15,602.

Ocupan espacios también dentro de ese top 50, Manuel, con 15,461; Miguel con 15,393 y Andrés, con 15,239, además de Margarita, con 15,131 registros.

Los últimos lugares los tienen los nombres de Francisco Antonio, con 14,900; Alexandra, con 14,508; Carlos, con 14,342 y Juan Antonio, con 14,171 registros.

Por lo general existen diferentes motivos que llevan a que las familias dominicanas coloquen los nombres a sus hijos, que incluyen tradición, influencia religiosa o cultural, combinación de los nombres de los padres o abuelos; por influencia de artistas o personajes destacados en la sociedad y por decisión propia o consensuada entre los padres, entre otras razones.

El Observatorio, tras evaluar entre julio y octubre la aplicación de las 15 medidas adoptadas por el Gobierno para regular la migración, afirmó que se debe reforzar la seguridad en las rutas de migrantes con agentes y mecanismos especializados.

El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), tras evaluar entre julio y octubre la aplicación de las 15 medidas adoptadas por el Gobierno para regular la migración, concluyó con una firme advertencia: es urgente reforzar la seguridad en las rutas de migrantes con agentes y tecnología especializada.

Esto con el objetivo de reducir las incidencias de acciones ilegales con indocumentados reportados en la prensa.

Para abordar la situación, el Observatorio de Políticas Migratorias, liderado por Miguel Franjul, director del Listín Diario, emitió el “Segundo boletín de verificación de cumplimiento de las quince medidas de políticas migratorias”.

Esta publicación se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), este jueves.

En ese contexto, se recuerda que las medidas postuladas por el Gobierno están relacionadas al refuerzo fronterizo, mayor control migratorio, protocolo de salud, control de mercados, repatriaciones y persecución de delitos, y dominicanización del empleo.

«A pesar de los desafíos logísticos y tecnológicos, se debe considerar la posibilidad de desplegar mayores sistemas de vigilancia, cámaras y control de flujos en puntos nodales de confluencia de posibles rutas de migrantes y el despliegue de infraestructura de fibra óptica de internet», reseña el documento.

Exigencias y preocupaciones

Entre las preocupaciones evidentes para el Observatorio está la ausencia de estadísticas que contemplen la frecuencia con la que un extranjero es enviado a su país y regresa a República Dominicana a convivir en estado irregular.

“Es preocupación del Observatorio que no se disponga de información sobre tasa de reincidencia de los extranjeros reportados o repatriados, de forma que permita al país tener una cifra más precisa de la cantidad real de los repatriados o deportados”, señala.

Además, exigen la construcción del muro fronterizo; el OPM alega que, cuando esté terminado, se fortalecerá la seguridad nacional en respuesta a las amenazas de la crisis haitiana, el control de los ilícitos y el flujo de indocumentados.

Asimismo, han detectado que, a nivel de medios e impresión ciudadana, se percibe una incidencia de acciones ilícitas ejecutadas por miembros de la DGM.

“Prácticas de extorsión, macuteos, amenazas durante el ejercicio de sus funciones en violación a lo establecido por la ley”, puntualiza el informe; al tiempo observa que «la DGM está tomando las medidas de lugar para prevenir el incumplimiento de la ley por parte de sus agentes actuantes y de sancionar a quienes lo infrinjan”.

Por lo que sugieren la masificación de tecnologías y procedimientos, rotaciones y rigurosidad de las sanciones.

Asimismo, exhorta al Gobierno a dotar de los recursos necesarios a la Dirección General de Migración para ampliar cobertura y agilizar la instalación de nuevas oficinas.

En cuanto a la regulación del mercado de Dajabón, se recomienda a la sala capitular del ayuntamiento de la zona aprobar con carácter de urgencia la normativa que regula los mercados fronterizos, a los fines de crear un marco jurídico más robusto que garantice mayores niveles de orden migratorio y cumplimiento de las medidas dispuestas.

Medidas que se cumplen

En lo concerniente a las medidas que, según el Observatorio, se están llevando a cabo de forma efectiva, se destaca la incorporación de 750 agentes migratorios, la creación de la procuraduría especializada en asuntos migratorios y la colaboración del Gobierno en la repatriación de ilegales.

“La Dirección General de Migración está ejerciendo de manera eficiente y efectiva su labor de control migratorio, a juzgar por las cifras estadísticas reportadas”, indican.

No obstante, sugirieron a la Liga Municipal Dominicana, Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), realicen conjuntamente con la DGM jornadas de actualización de los compromisos asumidos en abril, así como evaluar la eficacia de los mecanismos acordados y su nivel de implementación.

Otras de las acciones que percibe con mira positiva es el manejo financiero que ha tenido la institución encargada de regular y controlar los flujos migratorios de un país.

“Vemos como una buena práctica que esta institución observe un comportamiento transparente en la rendición de cuentas financieras y en el suministro permanente de información actualizada de las operaciones ordinarias y extraordinarias que realiza en el cumplimiento de sus obligaciones”, subraya.

En esa línea, luego de analizar las cifras desde 2024 respecto a la afluencia de ilegales en los hospitales, así como de parturientas haitianas, OPM evidencian reducción.

“A partir de los datos suministrados, la disminución de los partos de extranjero en los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) mantiene un sostenido decrecimiento”, señalan.

Sobre la dominicanización de la fuerza laboral

En lo que corresponde a priorizar a los trabajadores dominicanos en el mercado laboral, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura, el Observatorio aboga por que se les garanticen beneficios del programa Supérate.

Así como otras facilidades que ofrece el programa de ayuda, “como forma de promover la incorporación de más beneficiarios en dichos sectores, y promover la dominicanización de la mano de obra”, señala el informe.

Otras sugerencias

El Observatorio de Políticas Migratorias propone al Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) analizar la posibilidad de incorporar en el formulario de solicitud de préstamo establecer la cantidad de mano de obra extranjera que se podría desplazar o suprimir, como una forma de medir el impacto que tendría dicho financiamiento.

Sugieren que, como un incentivo, «se podría establecer una política de tasas de interés diferentes, dependiendo de las categorías de mano de obra extranjera que se reemplazarían debido a las inversiones hechas con esos fondos».

En torno al apoyo presupuestario, el OPM recomienda al gobierno dominicano destinar más recursos presupuestarios a las instituciones responsables de ejecutar las medidas de seguridad nacional y control migratorio por las implicaciones e impacto que pudieran tener sobre la soberanía del territorio nacional.