Santo Domingo.- “Eso nunca ha sido real, aquí nunca ha habido una cifra exacta. Eso es para sacar dinero”: ciudadanos rechazan resultados de censo nacional.
Video: ‘Madre vendía a su hija por droga y dinero’
SANTO DOMINGO.- Un juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal, envió por tres meses a la cárcel de Najayo a una mujer que supuestamente vendía sexualmente a su hija menor de edad en Madre Vieja Sur, de San Cristóbal.
De acuerdo al informe policial Marleni García de Los Santos, de 48 años, fue sorprendida en momentos en el cual cuidaba la puerta de una construcción mientras una de sus hijas realizaba actos sexuales a un cliente identificado como Julio César Alcántara Cuello.
Según la Policía en el teléfono de la mujer encontraron videos de las menores realizando actos sexuales que eran utilizados para enviarlos a los clientes.
Aumenta la posibilidad de más huracanes esta temporada
El incremento considerable de las temperaturas en la superficie marina y el fenómeno de El Niño, que apenas comienza, han agravado el pronóstico para esta temporada de huracanes que aún no llega a su etapa pico.
Salud Pública construirá dos centros psicosociales en Higüey y Moca
El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) construirá dos nuevos centros de rehabilitación psicosocial, uno ubicado en la provincia La Altagracia, y en Moca, Espaillat.
La información fue dada a conocer por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, durante el desayuno del Listín Diario donde desveló indicadores del crítico momento que vive la salud mental en la República Dominicana.
Según Rivera, el problema del detrimento del bienestar psicológico se ha ido acumulando por años, y llegados a este monto el Ministerio de Salud Pública se ha visto en la necesidad de intervenir en todos los niveles en los que una persona afectada mentalmente, necesita atención.
“El problema de la salud mental se acumuló durante todos estos años, y nosotros lo que hemos hecho es que se han puesto todos los niveles de atención, desde un call center (centro de llamadas), la intervención en crisis en los hospitales, y está la intervención intermedia cuando se sale del ciclo social en el Padre Billini”, explicó el ministro de Salud Pública.
Centro de llamadas
Según contó el doctor Rivera, la dependencia gubernamental ha puesto a funcionar el teléfono 809-200-1400, una línea de llamadas gratuita, en coordinación con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), para solicitar ayuda o acompañamiento psicológico.
El centro de llamadas está dotado con 36 psicólogos, y de acuerdo con las estadísticas que mostró, la principal razón por la que los dominicanos acuden al teléfono es por sentimientos de tristeza y depresión, siendo estos el 56%; por angustia lo hace el 55%, por ansiedad el 44%, por razones de insomnio del 31% al 40%, y porque manifiestan ideas suicidas un 12%.
Según Rivera, sus controles señalan que las emociones negativas variantes de la ansiedad y la angustia, que casi siempre caminan juntas, y están vinculadas al “uso de un celular que quiere resolver tus problemas y te lleva al aislamiento”.
En enero pasado Rivera había anunciado la puesta en marcha del programa “Telesalud mental”, con el fin de ofrecer auxilio a las personas que necesiten ayuda conductual.
Rivera informó que a través de líneas telefónicas, la población dominicana entra en contacto directo con psicólogos que estarán disponibles para dar asistencia al ciudadano.
“Desde ahí nosotros te podemos direccionar a donde tú tienes que ir, a la red de psicólogos y psiquiatras que tiene el Servicio Nacional de Salud (SNS)”, indicó el ministro de Salud Pública.
Afirmó que cuentan con 36 psicólogos para ejecutar las acciones de respuesta a los requerimientos de salud de la población.
El ministro expresó que este año 2023 la salud mental será tratada con prioridad, destacando la importancia de buscar alternativas para esta problemática y para los jóvenes en drogadicción.
Cristian Casablanca afirma abogado no tiene evidencia para señalarlo en caso Gavilán
Santo Domingo. – El numerólogo Cristian Casablanca afirmó que el abogado que lo señaló como beneficiario en la Operación Gavilán no tiene ninguna evidencia sustentada que lo vincule en el alegado caso de una red que se dedicaba a borrar antecedentes penales.
Adrián Donato Salcedo Rosario, nombre real de Casablanca, puntualizó que el togado Lenín Solano maneja una información errónea al referirse a su persona.
Indicó que no tiene ningún impedimento de salida del país, al destacar que reside en los Estados Unidos.
En ese sentido, dijo que el popular nombre por el que se le conoce, se refiere al de una compañía, que no tiene nada que ver con la parte personal.
“Mi nombre no es Cristian Casablanca. No puede salir un expediente Cristian Casablanca, porque Cristian Casablanca no existe; existe Adrián Salcedo”, explicó el también panelista.
Agregó, que en el programa Generación Alofoke ofrecerá más detalles sobre el alegado caso.
Detuvieron a seis de los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio tras varios allanamientos en Quito
Seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, víctima de un atentado con disparos a la salida de un mitin de su campaña electoral en Quito.
Las detenciones se efectuaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales.
Seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, víctima de un atentado con disparos a la salida de un mitin de su campaña electoral en Quito.
Las detenciones se efectuaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público procedió con el levantamiento del cadáver de Villavicencio del centro médico a donde había sido trasladado tras el atentado y lo envió a una morgue para su autopsia.
La Fiscalía también informó más temprano de la muerte de un sospechoso del crimen que fue capturado tras mantener un intercambio de disparos con el personal de seguridad.
De acuerdo a la misma Fiscalía, que no informó de la identidad del hombre ultimado, este supuesto autor del atentado fue conducido primero a un juzgado de Quito y luego a un centro médico, en cuyo trayecto la ambulancia de los bomberos que lo transportaba confirmó su deceso.
Producto del atentado también quedaron heridas al menos otras nueve personas que fueron trasladadas también a un centro médico, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías.
Villavicencio, de 59 años, era uno de los ocho candidatos inscritos para suceder a actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, en las elecciones generales extraordinarias convocadas para el próximo domingo 20 de agosto, y como al resto, le había sido facilitado un resguardo policial.
El periodista y ex asambleísta había denunciado semanas atrás amenazas de muerte en su contra, en medio de una campaña electoral que gira en torno a la peor crisis de seguridad que azota a Ecuador, que cerró 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tiene registro.
Este auge de homicidios está vinculado principalmente, según el Gobierno, al crimen organizado y el narcotráfico, que en los últimos años se ha hecho fuerte en la zona costera del país y convirtió a los puertos ecuatorianos en grandes trampolines de la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.
Villavicencio, que por sus revelaciones periodísticas sobre corrupción se había convertido en un enemigo acérrimo del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), planteaba un combate frontal contra la corrupción y contra las mafias que operan en Ecuador.
Suspensión de campañas
Varios candidatos a la Presidencia de Ecuador decidieron suspender sus actividades de campaña electoral por respeto a Fernando Villavicencio.
Entre los contendientes que anunciaron la suspensión de su campaña se encuentra Yaku Pérez, representante del movimiento indígena que lidera una coalición de varios partidos de izquierda, y quien hizo un llamado “a todos los candidatos a dejar las banderas políticas y hacer un pacto social de seguridad”.
Por parte de la derecha, el empresario Jan Topic, reconocido seguidor de las políticas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló que “ante el trágico asesinato”, por “respeto a este lamentable fallecimiento y por la seguridad” de su equipo de campaña, ha decidido “suspender momentáneamente” sus actos.
La candidata por el correísmo, Luisa González, suspendió el acto de campaña que realizaba a la hora del asesinato: “Más allá de una bandera política, las diferencias políticas se resuelven en las urnas, por lo que como revolución ciudadana nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato. Cuando tocan, nos a todos”.
Por último, Bolívar Armijos, candidato por Amigo, también decidió suspender sus actividades de campaña, tal y como lo anunció a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter.
El Movimiento Construye expresó su “horror y dolor” por la muerte de Villavicencio, al que ha calificado de “luchador incansable” contra las mafias, mientras que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se ha mostrado “consternado” y ha prometido justicia: “El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer el peso de la ley”, dijo.
Quién era Fernando Villavicencio, el candidato asesinado en Ecuador, y cuáles eran sus propuestas de campaña.
A solo 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador se quedó este miércoles sin uno de los aspirantes al cargo, en un acto de violencia que conmocionó al país.
El exdiputado Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito.
Recibió una ráfaga hacia las 18:20 hora local, nada más salir del colegio Anderson de la capital, al montarse en un vehículo aún rodeado de escoltas; unos 40 disparos que también hirieron a personas que lo acompañaban.
Su fallecimiento fue confirmado en la Clínica de la Mujer, a donde fue trasladado, y la Fiscalía de Ecuador informó después que uno de los sospechosos del ataque también murió, tras haber resultado herido en el cruce de balas.
De 59 años, Villavicencio no contaba con una larga trayectoria en cargos electivos, pero sí con un amplio recorrido en el ámbito público por su labor periodística y su compromiso con el combate a la corrupción.
Esa fue su trinchera cuando ocupó un escaño en la Asamblea Legislativa, desde 2021 hasta su disolución este año, y esa era también la bandera que enarbolaba, bajo el lema Es tiempo de valientes y al frente del Movimiento Construye, como candidato a suceder a Guillermo Lasso en la presidencia.
Aseguraba que Ecuador se había convertido en un «narcoestado», proponía restablecer la seguridad con las fuerzas armadas y la policía en las calles, y paralelamente emprender una lucha contra lo que denominaba la «mafia política».
«Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la connivencia del poder político«, dijo por ejemplo en una entrevista ofrecida en mayo al medio CNN en Español.
«Multidimensional»
La propuesta de su partido para combatir la ola de violencia se basa en un enfoque «multidimensional» donde la seguridad «no se limita únicamente a la ausencia de violencia o delitos».
El programa electoral del Movimiento Construye considera en su plataforma de campaña que la solución a la crítica situación del país debe abarca otros aspectos «como la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, la seguridad económica, la seguridad ambiental y la seguridad sanitaria».
También promueve una justicia indendiente, «donde los jueces y magistrados pueden tomar decisiones basadas en la ley y en la aplicación objetiva de la justicia, sin interferencias políticas, económicas o de cualquier otra índole».
Además de sanear el sistema de justicia, Villavicencio se había comprometido a enfrentar el lavado de dinero, la minería ilegal y uno de los males que venía denunciando desde su época como periodista: la corrupción en el sector petrolero, el principal ingreso económico del país.
“En mi gobierno vamos a tomar el control de las reservas petroleras para que ahora sí, el petróleo sirva para educación obra pública para salud y vamos también de paso a expulsar a las mafias intermediarias que controlan la comercialización del petróleo», había dicho el candidato.
Blanco de amenazas
También había hablado públicamente de ser el blanco de intimidaciones.
El 4 de agosto su campaña informó a través de un comunicado que Villavicencio seguiría recorriendo las provincias del país pese a las amenazas de muerte que «sigue recibiendo de grupos criminales».
En su reacción en Twitter nada más conocerse a noticia, Lasso señaló precisamente al crimen organizado.
«El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”, escribió el mandatario, mostrando su “indignación” y asegurando que “este crimen no va a quedar impune”.
Además, declaró estado de emergencia nacional por 60 días y convocó un Gabinete de Seguridad en el Palacio de Carondelet.
Mientras, la hermana del asesinado, Patricia Villavicencio, responsabilizó al actual Ejecutivo y al ministro de Interior, Juan Zapata, por la violencia que acabó con la vida del político.
«No querían que destapara la corrupción. Maldigo a este gobierno. No hizo nada. No hizo para protegerlo. Es un complot», aseguró en declaraciones a medios locales.
Y su viuda, Verónica Sarauz, quien se mostró este miércoles consternada ante los medios, señaló que debió haber errores en el equipo de seguridad que llevaron al fatal desenlace.
De líder sindical a periodista
Villavicencio nació el 11 de octubre de 1963 en Sevilla, cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, en el centro-sur del país.
De acuerdo al perfil publicado en el sitio web de su campaña, creció en un entorno rural donde aprendió a «labrar y respetar la tierra y hermanarse con los más humildes».
Desde adolescente se vinculó a organizaciones sociales indígenas y de trabajadores.
Según la biografía de la página web de su campaña, en 1999 fue líder sindical de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec).
Estudio periodismo y comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia.
Como periodista de investigación, colaboró con varios medios de comunicación ecuatorianos e internacionales, y también escribió 10 libros.
Labor como asambleísta
En la Asamblea, a la que llegó con Alianza Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano, Villavicencio encabezó la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Durante el juicio político contra Lasso, fue criticado porque esa comisión emitió un informe favorable al mandatario que no tuvo el apoyo entre los demás legisladores.
Villavicencio también dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde el cual presentó varias denuncias e impulsó investigaciones en temas de corrupción en el ámbito petrolero, correspondientes a los años de las presidencias de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
El escándalo político más grande que se destapó bajo su liderazgo como asambleísta fue el llamado caso Petrochina, la deuda que presuntamente adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y que Villavicencio denunció como un esquema de corrupción.
El político fue criticado por los sectores cercanos al correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno de Guillermo Lasso, pero él argumentó que no había pruebas que sostuvieran ese señalamiento.
Esto lo convirtió en uno de los actores claves del anticorreísmo.
Para su aspiración a la presidencia contó con el respaldo de la ministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, del Movimiento Construye, que lo llevaba como candidato.
Villavicencio presentaba en su lista al exministro del Interior de Lasso, Patricio Carillo, quien estuvo a cargo de la política de seguridad de las protestas de 2022 y con un perfil asociado a los sectores de la policía de Ecuador.
El suyo es el primer asesinato de un candidato presidencial registrado en Ecuador, y se produjo menos de un mes después de que el alcalde de Manta, una ciudad portuaria clave para el narcotráfico, fuera asesinado durante una aparición pública.
Ecuador experimentó una gran transformación entre 2005 y 2015, cuando millones de personas salieron de la pobreza gracias al auge petrolero, cuyas ganancias se invirtieron en educación, atención médica y otros programas sociales.
Sin embargo, en los últimos cinco años el país sudamericano se ha visto consumido por la violencia relacionada con el narcotráfico.
La tasa de homicidios está a un nivel récord.
Cada semana entre 10 a 15 mujeres son rescatadas a través de línea de emergencia
El ministerio de la Mujer se ha convertido en un gran aliado de sectores vulnerables, poniendo en marcha políticas públicas efectivas para enfrentar la violencia de género en sus múltiples manifestaciones.
Muestra de ello es que semanalmente rescata entre 10 a 15 mujeres que solicitan ayuda a través de la línea de emergencia *212.
En total, el año pasado, atendieron por medio de esta plataforma 7 mil llamadas, mientras que en las casas de acogida asistieron a 1,600 mujeres.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, detalló, en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, las acciones que han estado desarrollando para impulsar la igualdad en el país y para atender temas que afectan no solo a las mujeres, sino a la familia y la sociedad.
“Hemos pasado de tres refugios a 16; una línea de emergencia que estaba en siete provincias, la hemos llevado a 29 provincias. Solo el año pasado, se ofrecieron 148 mil atenciones psicológicas y legales”, precisó la funcionaria.
Ministerio de la Juventud demanda a exempleados
El ministro de la Juventud, Rafael de Jesús García, está presentando demandas en reparación de daños y perjuicios en contra de exempleados que han buscado activamente el pago de sus derechos laborales reconocidos por diferentes Salas del Tribunal Superior Administrativo, informó Luis Contreras Medos, abogado de los exempleados del Ministerio, que habían interpuesto embargos retentivos en contra de la entidad gubernamental por el no pago de sus prestaciones laborales.
Detalla un comunicado de prensa del Ministerio de la Juventud que las demandas fueron notificadas por el ministerial Deivison Oscar Claudio, Alguacil Ordinario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante los actos 841, 842 y 843/2023, todos con fecha dieciocho de julio del presente año. Este movimiento legal por parte del Ministro de la Juventud añade una nueva dimensión a la controversia en curso.
El Lic. Contreras Medos expresó su consternación ante estas demandas presentadas por el Ministro de la Juventud, calificándolas como una estrategia burda y dilatoria con el claro propósito de evitar cumplir con la obligación de pago de las prestaciones adeudadas a los exempleados. «Estamos ante un intento flagrante de obstaculizar el legítimo reclamo de los trabajadores que han luchado por recibir lo que les corresponde por ley», señaló el abogado.
Precisa la nota remitida a esta redacción que estas acciones recientes no solo generan consternación, sino que también han suscitado acusaciones serias. Contreras subrayó que estas acciones del ministro de la Juventud constituyen un acto de retaliación, coacción, venganza y castigo en contra de ciudadanos que simplemente están reclamando sus derechos reconocidos mediante sentencias judiciales. “Es importante destacar que estos pagos se han mantenido sin honrarse desde el año 2020, lo que ha dejado a los exempleados en una situación de incertidumbre y dificultades financieras” señaló.
Según el Ministerio de la Juventud la situación se torna cada vez más compleja, ya que se suma un nuevo capítulo legal a la batalla entre los exempleados y el Ministerio de la Juventud. Contreras Medos reiteró su compromiso de seguir defendiendo los derechos laborales de sus representados y aseguró que continuará luchando por la justa compensación que les corresponde.
Los embargos retentivos interpuestos por los exempleados, basados en las sentencias emitidas por diferentes Salas del Tribunal Superior Administrativo, habían sido realizados hasta la concurrencia del doble de las sumas adeudadas, gracias a la diligencia del ministerial Carlos Arturo Mota Pérez, Alguacil Ordinario del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Suspenden a fiscal titular de Independencia, Soni Adriano Rosario, afirma Yeni Berenice
Santo Domingo.- Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, informó este miércoles que el fiscal titular de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, fue suspendido de sus funciones por estar involucrado en casos de corrupción que supuestamente operaban dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).
El fiscal Adriano Rosario es mencionado en el expediente que depositó el Ministerio Público para que un tribunal conozca la medida de coerción en contra de los 12 imputados en el caso Gavilán.
En el expediente, su nombre aparece como la persona que le realizó dos depósitos de un monto de RD$11,000.00 a quien acusan de ser el cabecilla de la red criminal.
«Por este caso y otras imputaciones que le hace la Inspectoría, ciertamente ese magistrado ha sido suspendido. Por igual, hay una investigación penal de la Dirección General de Persecución y como hemos establecidos hay varios fiscales que están bajo investigación», explicó Reynoso luego de que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional dictara diferentes medidas de coerción a los 12 encargados por supuestamente ser parte de una red criminal que operaba dentro de la Procuraduría, desmantelada mediante la Operación Gavilán.
La procuradora adjunta dijo que el Ministerio Público por el momento no puede revelar los nombres de los siete fiscales que son investigados en el caso Gavilán, hasta que no haga las imputaciones preliminares de los procesos judiciales.
«Pero en su momento, al igual que a todos, el tratamiento que le estamos dando es nuestra obligación constitucional es, sea de adentro como este caso, o sea de afuera, nuestra obligación es únicamente con la Constitución y con las leyes», manifestó la magistrada.
Relación de Soni y el caso Medusa
Esta no es la primera vez que Soni Adriano Rosario aparece en un expediente de alegados actos de corrupción. En el caso Medusa, donde acusan al exprocurador Jean Alain Rodríguez de encabezar un entramado de corrupción que supuestamente operaba dentro de la Procuraduría, Adriano Rosario aparece como testigo.
Soni Rosario, en una entrevista que le realizara la Pepca, informó que Alain en un encuentro realizado en su despacho le pidió un favor “el cual consistía en hacerlo firmar una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera; pero en realidad el dron iba a ser usado en una de sus casas para contrarrestar espionaje ilegal”.
El Ministerio Público informó que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial para los siete fiscales que son investigados en el caso Gavilán.
Esto se debe al cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
