AZUA, República Dominicana – Una niña de 7 años de edad murió luego que supuestamente fuera presionada por una puerta eléctrica la tarde de este martes en el sector Altos de las Flores, de esta ciudad.
El nombre de la infante no fue divulgado de inmediato, pero trascendió que es hija del arquitecto Juan Carlos Paniagua (mejor conocido como Tibio).
Se informó que la niña quedó presionada por la puerta debido a que su censor aparentemente estaba defectuoso.
En las manos del presidente Luis Abinader está la posibilidad de que el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas, dejen de lado el paro de las atenciones sanitarias y vuelvan a la mesa de diálogo para luchar por el cumplimiento de las reivindicaciones que exigen a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Así lo hizo saber ayer, el doctor Senén Caba, que informó que mantienen para este jueves y el viernes la suspensión de las consultas y procedimientos electivos en clínicas y hospitales, donde por 48 horas sólo se dará asistencia a los pacientes críticos y a los que estén en las unidades de emergencias.
“Vamos a escalar hasta que el Gobierno decida dar una respuesta viable”, expresó el presidente del CMD, que afirmó que en el país la salud siempre ha estado desprotegida y que la inversión en el sector sigue siendo baja.
El gremio informó que a la nueva paralización también se unirán los profesionales de la odontología y psicología, y que en los próximos días pueden profundizar la lucha con la suspensión de los servicios de forma indefinida a algunas aseguradoras en hospitales de la red pública.
El Programa de Revitalización de Ciudad Colonial contempla, dentro de sus obras, la intervención de las Ruinas de San Francisco para evitar su colapso en caso de ser impactado por cualquier fenómeno de la naturaleza.
El objetivo es evitar que el monumento se siga deteriorando y para ello se aplicarán normas de conservación de ese tipo de edificaciones.
«Consiste en la construcción de una estructura temporal de madera para aportar estabilidad y firmeza al monumento, empleando madera tratada de alta resistencia y durabilidad, la cual sostendrá por dentro y por fuera sus debilitados muros, contrafuertes y bóvedas, protegiéndolos de posibles derrumbes que pudieran provocar fenómenos atmosféricos y telúricos», se explica en una nota de prensa.
La obra no contempla asignar uso alguno a este monumento, ya que será responsabilidad de la sociedad dominicana determinar el futuro uso que habrá de tener esta edificación patrimonial.
La intervención es fruto de un análisis de la Integridad Estructural de las Ruinas del Monasterio San Francisco, realizado por un equipo de conservadores encabezados por la experta francesa, Laure Marieu, que fue entregado en enero de 2020 a República Dominicana, a través de los ministerios de Turismo y de Cultura y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio muestra la vulnerabilidad de este monumento, ante los desastres naturales, terremotos y ciclones tropicales.
Cumpliendo con las normas del Programa de Revitalización de Ciudad Colonial, desde el año 2021, la comunidad periférica al Convento de San Francisco y del Centro Histórico ha sido consultada y puesta en conocimiento de su estado de fragilidad y de las obras de protección que se ejecutarán, por lo cual se han realizado dos consultas públicas.
Sánchez Roa: “Es insólito sembrar maíz en Guyana, con 8.1 millones de tareas de tierra sub-utilizadas y abandonadas en RD”
Actual gobierno sustituyó caída producción de maíz con la importación US$426.3 millones en el 2022.
El titular de asuntos agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó de insólito la decisión del presidente Luis Abinader de sembrar maíz en Guyana, cuando el mismo gobierno mantiene 8.1 millones de tareas de tierra sub-utilizadas y abandonadas en la República Dominicana.
Ex senador Adriano Sánchez Roa dijo que la clase agropecuaria ha recibido con pena la noticia de que “RD y Guyana acuerdan sembrar maíz y soya en terrenos que alquilará el gobierno dominicano en ese país”.
“Esa nueva importación se agregará a sabiendas que el actual gobierno en el 2022 sustituyó caída producción de maíz con la importación de US$426.3 millones del cereal”, explicó el dirigente político.
De ahí la advertencia del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, de que el gobierno continúa de espalda al campo, mientras la “República Dominicana tiene excelentes tierras, clima y agricultores dedicados para producir maíz y otros cultivos de excelente calidad. A nuestros agricultores les digo: ¡A partir del 2024, rescataré el campo dominicano!”
En el 2022 el país sembró apenas 452,601 tareas de maíz a pesar de haberse registrado 4.9 millones de tareas de tierras baldías y 3,2 millones sub-utilizadas, la inmensa mayoría apta para excelente siembra de este cereal.
Y, de acuerdo al portal del Ministerio de Agricultura, no obstante, a esa enorme superficie de tierra disponible, el gobierno importó en el año 2022, US$426.3 millones, equivalente a un aumento de un 84.8% más que en el 2020, cuando la importación fue de US$230.7 millones, es decir, que el actual gobierno sustituyó la caída de la producción local de maíz con importaciones.
“La tierra baldía está en poder de agricultores pobres, de familias que habían mejorado su nivel de vida y ahora retornaron a la pobreza por la política de espalda al campo, de ausencia de programas de roturación gratuita de tierra, la reducción de el suministrado de semillas y la ausencia de técnico en más de la mitad de las áreas agrícolas”, dijo Sánchez Roa.
Ex administrador general del Banco Agrícola señaló que lo peor han sido los privilegios a las importaciones masivas realizadas para aplastar a los productores nacionales, pues en ninguno de los casos se han visto reducciones de precios a los consumidores, pero sí la caída de las ganancias de campo.
De ahí, continuó el otrora gremialista, que resulta inoportuno Memorando de Entendimiento de trabajo conjuntamente firmado por el presidente Luis Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, para impulsar la producción conjunta de maíz y soya, así como de productos como azúcar, coco y especias, entre otros.
Los inmigrantes haitianos que ingresan de manera clandestina al país están pagando cifras enormes, para sus economías, a las bandas que trafican con personas por la franja norte, de la frontera entre República Dominicana y Haití.
De acuerdo a ciudadanos del vecino país, que han llegado a territorio nacional utilizando esos servicios mafiosos, los hombres pagan RD$10 mil y las mujeres RD$12 mil para ingresar a suelo quisqueyano en vehículos y motocicletas.
Sostienen que conocen de personas que han pagado hasta RD$15 mil para que les permitan pasar a mujeres embarazadas o con niños.
xplican que a las féminas les cobran más por las dificultades que enfrentan en algunos puestos de chequeos militares que, según dicen, no están asociados a los contrabandistas.
Relatan que, en ocasiones, deben caminar kilómetros, atravesando fincas, para no ser descubiertos en el trayecto a Santiago y otros puntos de la región.
El ciudadano haitiano Michelet Levasseur, quien reside en un sector al sur de Santiago desde hace varios años, entiende que no es un secreto para nadie que sus compatriotas pagan elevadas sumas de dinero para penetrar a territorio dominicano de manera clandestina.
«Es un contrabando que le deja mucho dinero a militares y a civiles», asegura.
Los traficantes atraviesan localidades de Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y Valverde, donde el Ejército de la República Dominicana (ERD) tiene establecido controles militares, los cuales realizan chequeos rutinarios a los vehículos que por allí circulan, con el objetivo de evitar trasiego de personas y mercancías.
Denuncian que hay puestos donde los militares negocian con los contrabandistas para darles paso. Mientras que, para evadir otros puestos, los ilegales deben bajar del vehículo y hacer kilométricas caminatas. Pagan sumas superiores a los RD$10 mil.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo de conocimiento de medida de coerción contra los implicados en la operación Gavilán, una red que según el ministerio público, se dedicaba a borrar antecedentes penales.
El magistrado dará a conocer la decisión hoy a las 6:00 de la tarde, al considerar que en este caso existe una gran cantidad de elementos de prueba que deben ser valorados.
El abogado Ángel Grullón, adelantó que siete de los 12 implicados colaboraron con los fiscales, por lo que le fue variado el pedimento de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a arresto domiciliario y otras medidas más leves.
Grullón sostuvo que su defendido, Luis Alfredo Astacio, no colaboró con el órgano fiscalizador y que le fue solicitada la prisión preventiva de un año y seis meses.
“Los seis que colaboraron admitieron los hechos e inmediatamente el ministerio público subió y cambió su postura de prisión preventiva, solicitando otras medidas de coerción”, explicó.
Mientras que el jurista Carlos Mesa, declaró que sus defendidos aceptaron culpabilidad, por lo que Pilar Medina Trinidad, le fue solicitada arresto domiciliario y contra Romanski Dotel Medina, se pidió una garantía económica y vigilancia.
El ministerio público, representado por Sourelly Jáquez, informó que investigarán las personas que fueron beneficiados por esta red.
“El ministerio público investiga todo, todo lo que en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, persona beneficiada con retiro de ficha se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia de que una persona fue beneficiada”, explicó la fiscal.
Manifestó que el órgano persecutor está trabajando en restablecer la base de datos y en “una segunda fase mucho de ellos (los beneficiados) van a estar siendo sometidos por pagar los sobornos”.
Asimismo, confirmaron que uno de los imputados mencionó al influencer Cristian Casablanca como uno de los beneficiados de este entramado al borrársele supuestamente un impedimento de salida.
En este caso están involucrados Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el sargento de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanski Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Los 12 encartados por el ministerio público por formar parte de un entramado de corrupción desarticulado en la “Operación Gavilán”, acusados de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos, habrían favorecido a más de 16,000 personas con las adulteraciones.
Según la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, representante del Ministerio Público en este caso, las adulteraciones ascienden a 16,958 personas y no 8 mil, como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador.
“No solamente se indicaban las 8,000 y pico de personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16,958 personas que conforme al peritaje técnico le fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”, declaró la fiscal a la salida del conocimiento de medida de coerción el pasado lunes.
Entre las acciones ilícitas que habrían eliminado los señalados por el Ministerio Público, entre ellos fiscales de ese órgano, figuran antecedentes penales ligados al narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves.
El proceso para los miembros de la Procuraduría proceder a la eliminación se realizaba de la siguiente manera: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedes penales y, por último, “franqueo” para salir del país.
El pedido de los fiscales
Ante los hechos, el ministerio público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
El director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, informó que el próximo lunes, 14 de agosto de 2023, será firmado el “Pacto Dominicano por el Agua”, fruto de dos años intensos de consenso que contó con la participación de 1,590 actores de la sociedad en todos los territorios a nivel nacional y 400 propuestas para preservar este recurso hídrico.
El director de Gabinete reiteró que el “Pacto Dominicano por el Agua” procura asumir los compromisos en un horizonte de más de 30 años con los temas relativos al agua que tiene el Estado dominicano, tal como se presentó el pasado 14 de junio de 2021, cuando se firmó el “Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua, 2021-2036”.
Reynoso precisó que ha aumentado la demanda de los consumidores y los desniveles de calidad del recurso hídrico. Indicó que este tema, tal como se ha asumido por el Poder Ejecutivo, debe ser asumido por toda la sociedad en su conjunto.
Sostuvo que, de acuerdo a las consultas del “Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua, 2021-2036”, cada territorio del país presenta una situación diferente en el uso, trato y distribución del recurso.
Aclaró que la Ley General de Agua y el “Pacto Dominicano por el Agua” son diferentes acciones a favor del recurso hídrico.
Estas declaraciones fueron ofrecidas por el director Reynoso en el acto de entrega de la certificación en Sostenibilidad 3Rs en la Categoría Oro al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Consultas
El proceso de diálogo del “Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua, 2021-2036” ha sido fructífero, con resultados precisos sobre la problemática del agua en las cuencas, y oportunidades para avanzar, siendo la participación de los actores en el territorio un elemento clave.
Tres sentencias contra la exploración y posible futura explotación de oro en el proyecto Romero, presentadas por comunitarios contra la empresa extranjera canadiense y contra los ministerios de Energía y Minas y el de Medioambiente, y la Dirección de Minería, con el objetivo de paralizar el proceso minero, demandan también de la licencia ambiental.
Una de estas sentencias fue presentada por el Comité Agropecuario Unitario de San Juan, contra el proyecto Romero ubicado en la localidad de Hondo Valle, Distrito Municipal de Sabaneta, del municipio de San Juan de la Maguana. Sin embargo, el permiso para la licencia ambiental aún no sale del despacho del consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Con las sentencias, los oponentes que buscaron evitar la exploración y explotación del yacimiento de oro, donde se ha determinado un hallazgo con potencial preliminar de tres millones de onzas de oro son la T-.0482/19, la 0323-218-SSEN-0004 y la 030-03-2018-SSEN-00117, está última contra el Ministerio de Energía y Minas.
La sentencia del Tribunal Constitucional: TC-0482/10 acoge la paralización del proyecto Romero hasta que se obtengan las licencias legales, específicamente la ambiental.
Según esta sentencia, “lo más prudente es ordenar la paralización de los trabajos que realiza la parte accionada a los fines de evitar cualquier acción que pueda afectar el medioambiente, especialmente el agua, hasta tanto se hagan los estudios medioambientales pertinentes, y se obtengan la permisologia necesaria como es la licencia de explotación que debe ser dada por el presidente de la República, representando al Poder Ejecutivo”.
Además, dice, la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “debiendo respetar la licencia social consistente en la opinión de los habitantes de San Juan y la región sur sobre la explotación del Proyecto Romero, a los fines de garantizar la inversión extranjera amparada en la libertad de empresa y la seguridad jurídica”.
Inversionistas
La minera GoldQuest es una empresa canadiense que cotiza en el mercado bursátil internacional y está presente desde hace 21 años en el país y tiene siete de haber hecho la solicitud de explotación minera. Ha sometido en dos ocasiones al Gobierno la solicitud de aprobación del impacto de estudio ambiental del proyecto Romero, donde hay un hallazgo de 3 millones de onzas de oro, con un valor actual de US$6,000 millones.
Las empresas Gold Quest Minnig Corporation, Golder Associates, AMEC Earth & Enviromental y Gold Quest Dominicana seguran que no usarán aguas superficiales o subterráneas de la cuenca del río San Juan, garantizan que no vertirán aguas residuales de sus procesos ni escorrentía de las lluvias en el área de su influencia.
Estudios
El Tribunal Constitucional Dominicano dictó la sentencia TC-0482-19 la cual ordena la realización de los estudios de impacto ambientales y sociales para poder continuar con los trabajos de investigación y desarrollo.
La Empresa
Hay que esperar los resultados del estudio ambiental para poder emitir un juicio de valor real y eso no se ha hecho.
La comandancia policial de Villa Vásquez, provincia Montecristi, fue trasladada luego de que ocurriera el trágico incidente en que dos menores de edad y 11 adultos de nacionalidad haitiana, con condición de estatus migratorio irregular, perdieran la vida en un accidente de tránsito en la madrugada del lunes.
Supuestamente, los miembros de la uniformada de este departamento habrían sido reasignados a una comandancia ubicada en el “sur profundo”.
Dentro de los trasladados, se presume se encuentran un teniente coronel, un subcomandante mayor, varios sargentos e igual número de cabos.
A través de un “Telefonema de Entrega” del Departamento de la Policía Nacional de Montecristi emitido este lunes, fue confirmado el cambio de funciones del comando de este lugar, el coronel Diógenes Montero Guerrero, quien será sustituido por Ricardo A. Van-Heyniger Carty.
Datos extraoficiales, indican que los haitianos indocumentados involucrados en el incidente, habrían pagado una gran cantidad de dinero para su trasiego.
Se recuerda que los moradores de la comunidad de Peñuela en Esperanza, zona donde la yipeta que habría caído en un canal de riego, manifestaron que a diario “circulan tres y cuatro vehículos con con indocumentados”.
Conductor
A pesar de que la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó que el conductor del vehículo en cuestión había sido identificado, aún se desconoce los datos de dicha persona.
El cuerpo del orden exhortó al individuo a entregarse por la vía que considere más conveniente, para responder por el hecho ante las autoridades.
Asimismo, se espera que en las próximas horas se expida una orden de arresto contra el causante de la tragedia, a fin de proceder a su inmediata captura y posterior sometimiento a la justicia.
El informe preliminar indica que el vehículo se habría deslizado, cayendo de esta manera a las aguas del canal de riego.
Horas después de que la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (Adierd) y la cúpula empresarial expresaran su desacuerdo con la aprobación de los nuevos libros de textos para el año escolar 2023-2024, el ministro de Educación Ángel Hernández informó que el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó las ordenanzas que admiten las bibliografías de los textos adquiridos por el Ministerio de Educación.
Hernández explicó que las ordenanzas aprobadas están relacionadas, además, con el nuevo currículum, el sistema de evaluación de aprendizaje de los estudiantes y la bibliografía.
“De paso la sesión del Consejo Nacional de Educación, que acaba de concluir, fueron aprobadas las tres ordenanzas que tiene que ver con el nuevo currículum, el sistema de evaluación de aprendizaje y la bibliografía de la colección libro abierto del Ministerio de Educación”, expresó el funcionario.
Hernández explicó que de 23 personas que estaban presentes en la reunión, sólo tres se abstuvieron de dar un voto positivo o negativo, aunque no aclaró quiénes fueron esas personas.
Sobre la disponibilidad de los textos, expuso que se trabaja en que sea en formato impreso y digital a través del portal de libros abiertos, adelantando que, se espera el próximo 28 de agosto hayan 200 libros disponibles en el portal. “La edición digital va a estar el 28 de agosto, 200 libros”, aseguró Hernández.
En respuesta a las intimaciones que ha recibido el ministerio de parte de la Asociación de Editores, Hernández sostuvo que, estos realizan “presiones indebidas para conservar privilegios” y lo que persiguen es “poner el interés comercial sobre el interés de la sociedad”, agregando que los libros cuestionados son los únicos en el mercado editorial que van alineados al currículum del próximo año escolar que inicia en apenas semanas.
“En el fondo de lo que se trata es de poner el interés comercial sobre el interés de la sociedad de tener una educación mejor y más acorde con los tiempos actuales. Estos libros son los únicos disponibles en el mercado editorial que cumplen con los requerimientos del currículum que se pondrá en vigencia durante el año lectivo 2023-2024”, agregó.
Asimismo, Hernández expresó que durante el proceso no se violó ningún procedimiento y fue llevado de acuerdo a los principios de la Ley de Educación y la Constitución. “No se violan, ni se violarán, derechos de ninguna persona. Lo contrario, una de las funciones centrales del Minerd es Art.94 lit e, es precisamente, ‘la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto, nuevas metodologías’”, dijo Hernández.
Agregó que tener libros textos gratuitos para el estudiantado, responde a una medida en la que el Minerd busca realizar un uso más eficiente de los recursos destinado al sector.
Manifestó que estas aprobaciones responden a un año de investigación y experimentación, obteniendo retroalimentaciones de integrantes del sistema educativo como son docentes, administrativos y expertos nacionales.
“No es una improvisación, es el fruto de un serio trabajo de la referida comisión (Comisión multisectorial). Y naturalmente, los libros de textos que hoy se someten para la aprobación de este Consejo son el resultado de la decisión de este mismo órgano que ordenó, mediante la ordenanza no 03-2022 que los libros y otros materiales de apoyo se elaboren de acuerdo a las orientaciones del currículum en ese momento en experimentación”, manifestó el ministro.
Industria gráfica
En horas de la mañana, la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (Adierd) hizo un llamado al Consejo Nacional de Educación (CNE) para detener la aprobación y adquisición de nuevos libros de texto en el sistema público, al considerar que la ordenanza es ilegal.
La entidad incluyó en su llamado una intimación al organismo superior del Ministerio de Educación para el cumplimiento de consulta pública de los proyectos de normas administrativas exigidos por las leyes 167-21, 107-13 y 200-04.
El presidente de la Adierd, Pablo Cuello, expresó su preocupación sobre las irregularidades que, según sus indagaciones, existen en este proceso.
“Recientemente, ha circulado una información que revela una situación alarmante. El ministro de Educación pretende aprobar de manera apresurada unos 79 nuevos libros de texto, saltándose el procedimiento establecido en el Reglamento de Evaluación de los Medios y Recursos para el Aprendizaje, aprobado por la Ordenanza 26-2017”, inició diciendo el titular de la entidad.
Cuello destacó que algunas de esas anomalías son que el Minerd no ha publicado ningún estudio que respalde la sustitución de la bibliografía aprobada previamente durante los años 2021-2022.
Además, explicó que los nuevos libros fueron realizados “apresuradamente y de manera improvisada”, lo que, según sus declaraciones, tendrá un impacto negativo en la calidad de la educación.
Cuello, en compañía de otros representantes, lamentó que las nuevas medidas improvisadas del Ministerio de Educación no respeten el periodo mínimo de cuatro años de vigencia de los libros de texto aprobados previamente por el Consejo Nacional de Educación.
“Los libros sometidos a aprobación han sido elaborados bajo la coordinación del personal del propio Minerd y en beneficio de la misma institución. Es decir, se trata de un proceso en el cual el Minerd está actuando como juez y parte”, indicó Cuello.
Conep y Educa
Previo a que se reuniera el Consejo de Educación, el Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP) y Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) mostraron su “profunda preocupación”, por la posible aprobación en la reunión del Consejo Nacional de Educación de la “Propuesta de ordenanza mediante la cual se aprueba la bibliografía de libros de texto para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en formato impreso y digital”.
La posición del Consejo se conoció a través de una carta enviada al ministro de Educación, Ángel Hernández, donde se refieren a las denuncias de un grupo de empresas editoras con serios cuestionamientos al proceso de aprobación de nuevos libros de texto en el sistema público de educación.
Indican que han recibido informaciones en las que detallan esos planteamientos a la luz de la Ley General de Educación 66-97 y sus modificaciones, así como el Reglamento de Evaluación de los Medios y Recursos para el Aprendizaje aprobado en la Ordenanza 26-2017.
“Es particularmente preocupante para nuestras instituciones que el proceso de aprobación de 67 nuevos títulos de libros de texto en español esté siendo llevado a cabo de manera apresurada y con presunción de no seguir el procedimiento establecido en la Ordenanza 26-2017”, dicen, tras llamar a cumplir con el debido proceso establecido en la normativa vigente”, expresa la carta enviada al funcionario.
