La Procuraduría General de la República ha sido apoderada de una denuncia contra el expresidente de la Cámara de Cuentas y los demás ex miembros, a quienes se acusa de haber bloqueado durante cuatro años las auditorías externas en casos de corrupción.

La instancia fue dirigida a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, por Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y Domingo Rojas Pereyra, presidente de la Fundación Nacional de la Juventud (FANAJUD), a través de los abogados Carlos Sánchez y Salvador Encarnación Peguero.

En la instancia solicitan que se disponga a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), investigar de manera exhaustiva las acciones u omisiones cometidas durante esa gestión, por considerar que “afectaron gravemente los mecanismos de control institucional del país”.

Añaden que esta parálisis “dejó al país sin fiscalización independiente”, obligando a que todas las auditorías fueron realizadas por la Contraloría General de la República, lo que “debilitó los mecanismos de control del gasto público”.

En la denuncia se acusa a Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de McKenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, de violar la Constitución dominicana, la Ley de Compras y Contrataciones (340-06), así como de asociación de malhechores, concusión, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología (Ley 53-07).

la acusan del fallido proceso de voto automatizado
Los denunciantes sostienen que en febrero del año pasado, el país se preparaba para estrenar el sistema de voto automatizado en los comicios municipales.

Sin embargo, el sistema, que había sido contratado, adquirido e instalado por la Junta Central Electoral (JCE), presentó un “problema” que impedía visualizar la totalidad de los candidatos y partidos políticos en las pantallas.

Según la denuncia, esta situación resultó “insólita” en la vida institucional del país, generando acusaciones contra la autoridad electoral por parte de las distintas afiliaciones políticas, electores y la ciudadanía en general.

Adujo que el país cuestionó la inédita y frustrante interrupción de sus elecciones municipales y que cuatro horas después de la apertura de las urnas, las autoridades electorales se vieron “obligadas” a suspender la votación debido a una supuesta “falla” en el sistema automatizado, que se implementa por primera vez, aunque solo en algunas ciudades.

La denuncia también indica que la Cámara de Cuentas había comunicado previamente algunos errores en el nuevo sistema. No obstante, su pleno y los funcionarios de las áreas de informática y la Dirección Nacional de Elecciones, de forma «irresponsable», decidieron no interrumpir los comicios hasta que se demostró de manera fehaciente un fallo generalizado en las máquinas de votación que no permitía ver la totalidad de los candidatos o partidos políticos en las pantallas.

Consideran que esta situación provocó una serie de acusaciones entre las afiliaciones políticas y hacia la JCE. Añaden que meses después de las elecciones abortadas, el presidente de la JCE declaró públicamente que «se había cometido un error» al no realizar previamente una prueba total del sistema de voto automatizado, como lo exigen las prácticas y normas que rigen la materia.

Finalmente, la denuncia subraya que estas palabras, consideradas «desacertadas e incriminatorias», pueden verificarse en publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Se recuerda que, antes de la suspensión de dichos comicios, el 9 de octubre de 2019, el miembro titular del órgano auditor dominicano, Janel Andrés Ramírez Sánchez, presentó su renuncia ante los medios, la cual fue revocada días después por «presiones y chantajes ejercidos por los demás miembros del pleno de la Cámara de Cuentas».