Amparado en la ley ambiental y frente a una ciudadanía que advertía efectos devastadores para la región, el mandatario aclaró que su gestión no otorgará autorizaciones de explotación donde la población exprese un rechazo mayoritario.
El presidente Luis Abinader puso fin anoche a la incertidumbre en el toda la provincia de San Juan al anunciar la detención definitiva del proyecto minero Romero.
Amparado en la ley ambiental y frente a una ciudadanía que advertía efectos devastadores para la región, el mandatario aclaró que su gestión no otorgará autorizaciones de explotación donde la población exprese un rechazo mayoritario.
Al tomar esta medida, el mandatario aseguró que su gestión actúa bajo los principios de prudencia, transparencia y, por encima de todo, “escuchando el clamor de la ciudadanía”.
Durante su declaración, el mandatario fue enfático al señalar que el rechazo social masivo hacia la iniciativa la hace legalmente inviable.
«Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad; cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar», afirmó Abinader, subrayando que la decisión se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
«Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo», sentenció el jefe de Estado.
Para contextualizar la situación, el presidente recordó que el Proyecto Romero no es una iniciativa de la administración actual, sino que sus orígenes se remontan a décadas pasadas.
Es así como Abinader refiere que entre los años 2005 y 2010 se ejecutó el otorgamiento de concesiones de exploración, mientras entre 2015 y 2018 se renovaron y autorizaron estudios técnicos para definir el alcance del proyecto.
“Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010“, dijo textualmente el mandatario en una declaración.
Durante la gestión de sus dos gobiernos, agrega, desde el 2020 hasta el curso de 2026, el proyecto se encontraba estrictamente en fase de evaluación ambiental, “sin haber recibido nunca una autorización de explotación”.
Abinader concluyó reiterando que su compromiso es con el bienestar de la gente y el futuro del país, cerrando así un capítulo de incertidumbre para la provincia de San Juan y reafirmando la soberanía de la opinión pública en temas de impacto ambiental.
Antecedentes
El Proyecto Minero Romero, ubicado en la parte alta de la cuenca del río San Juan, ha sido durante casi dos décadas un punto de fricción entre las ambiciones extractivistas y la defensa de los recursos hídricos en la región sur del país.
Contrario a lo que se percibe popularmente, el proyecto Romero no es de reciente creación, porque sus cimientos legales se establecieron durante administraciones pasadas.
Entre 2005-2010 se otorgaron las primeras concesiones de exploración a la empresa canadiense GoldQuest. Los estudios preliminares identificaron importantes yacimientos de oro, cobre y plata.
Asimismo, durante los años 2015-2018, el proyecto Romero avanzó en términos técnicos, cuando se definieron las dimensiones del yacimiento y se solicitó formalmente la licencia de explotación al Poder Ejecutivo, la cual quedó «en el limbo» debido a la creciente presión social.
El yacimiento se localiza en el área de Hondo Valle, al norte de la provincia de San Juan. La mayor preocupación de los ambientalistas y sectores productivos radica en su cercanía a la Presa de Sabaneta.
Los opositores sostienen que la actividad minera podría contaminar las aguas del río San Juan y sus afluentes, los cuales son el motor de la agricultura en el «Granero del Sur» y la fuente de agua potable para miles de familias.
A pesar de que la empresa promotora defendía un modelo de «minería subterránea» con bajo impacto superficial y sin uso de cianuro en la zona, el proyecto nunca logró obtener la licencia social.
La Diócesis de San Juan de la Maguana, asociaciones agrícolas, la Academia de Ciencias y diversos movimientos populares han mantenido una resistencia firme, argumentando que el beneficio económico del oro no compensa el riesgo de perder la seguridad hídrica de la provincia.
Desde el inicio del gobierno de Luis Abinader, en 2020, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente mantuvieron el expediente bajo revisión técnica.
Con el anuncio reciente del presidente Abinader se cierra la puerta a la explotación basándose en el Artículo 1 de la Ley 64-00, que prioriza la preservación del medio ambiente y el bienestar social sobre los intereses económicos particulares cuando existe un rechazo comunitario masivo.
