La investigación por usurpación de identidad bancaria permitió la detención en Barrio Nuevo, Sabana Perdida.
La Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), arrestó a un hombre acusado de recibir más de un millón de pesos provenientes de una transferencia fraudulenta que afectó a dos empresas del país. La detención forma parte de una investigación iniciada en abril por usurpación de identidad bancaria.
El apresado fue identificado como Cristian Adames de Jesús, detenido en el sector Barrio Nuevo, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, por agentes de la Policía Preventiva.
Transferencia ilícita y suplantación de identidad
De acuerdo con el informe oficial, Adames recibió en su cuenta bancaria RD$1,162,150, suma que llegó mediante una transferencia ilegal realizada desde una cuenta empresarial perteneciente a dos compañías cuya identidad se mantiene reservada para no afectar el proceso investigativo.
Las autoridades explicaron que los responsables del fraude suplantaron la identidad de una entidad bancaria mediante una llamada telefónica. Durante la comunicación, solicitaron los números del token digital de la cuenta empresarial, lo que permitió ejecutar varias transferencias ilícitas hacia cuentas vinculadas a los implicados.
Orden judicial y proceso legal
El arresto se ejecutó en cumplimiento de la orden judicial No. 0227-SEPTIEMBRE-2025, emitida por la magistrada Kenya S. Romero Severino, jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público del Distrito Nacional para los fines legales correspondientes.
Antecedentes fraude bancario y suplantación de identidad
En los últimos años, la suplantación de identidad bancaria se ha convertido en uno de los métodos de fraude más utilizados en el país y en la región.
Este tipo de delito suele realizarse a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de entidades financieras legítimas. Su propósito principal es obtener datos sensibles, como tokens digitales, claves de acceso o información de cuentas empresariales, para luego ejecutar transferencias ilícitas.
Las autoridades han señalado que los grupos delictivos suelen operar con estructuras que incluyen captadores de información, ejecutores de transferencias y personas que reciben los fondos en sus cuentas personales conocidos como mulas bancarias, quienes luego redistribuyen el dinero para dificultar el rastreo.
La Policía Cibernética y el Ministerio Público han reforzado en los últimos años sus investigaciones sobre estos esquemas, debido al aumento de denuncias por operaciones no autorizadas y transferencias fraudulentas que afectan tanto a ciudadanos como a empresas.
En varios casos, las investigaciones han revelado patrones similares: la obtención de datos mediante engaño y posterior dispersión de fondos hacia múltiples cuentas para tratar de evadir el rastreo financiero.
