Santo Domingo. – Solo 127 funcionarios municipales en cargos de elección popular electos, reelectos y salientes han hecho su declaración jurada de patrimonio en plazo hábil.

El plazo venció formalmente el pasado viernes 24 de mayo. Sin embargo, se realizó una jornada extendida el sábado 25 debido a la alta concurrencia de declarantes que estaban en el proceso de completar alguna información faltante indicada en los días jueves y viernes, informó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

A otros 198 declarantes les fueron devueltas sus declaraciones debido a que la realizaron  ante un notario bajo la derogada ley 82-79, por falta de documentos de soporte, especialmente, certificaciones bancarias o por haberla enviado con representantes que no podían responder o aclarar dudas sobre lo depositado.

La Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento de aplicación, número 92-16, establece un plazo de 30 días calendario para estos menesteres. En el caso de los funcionarios municipales electos, dicho plazo comenzó  el pasado 25 de abril, es decir, un día después de su toma de posesión, explicó Génesis Bello, directora de Declaración Jurada.

«Claro que pueden continuar depositando sus declaraciones juradas en las semanas subsiguientes; la Ley y su normativa específica lo facultan. Sabiendo que entran en el depósito tardío de las declaraciones juradas, esto es que presentarán fuera de plazo», agregó . 

Desde el 25 de abril, comenzó a correr el plazo para la declaración de estos funcionarios. «Sin embargo, durante las dos primeras semanas fueron escasas las solicitudes de prerregistro o de registros de usuarios, siendo esta última semana cuando se incrementaron las acciones de los declarantes para ingresar al sistema», dijo Bello.

Con relación a los funcionarios municipales electos y reelectos, son unos 2,500 que deberán presentar declaración jurada de inicio del cargo o de actualización de datos.

“Hay quien recordar que la obligación de presentar declaración jurada también aplica para los funcionarios salientes con los mismos plazos y requerimientos», dijo.

En el caso de los legisladores recién electos, reelectos y salientes, el plazo de 30 días calendario comienza a correr a partir del 17 de agosto.

«Aclaró que, en el caso de que al declarante le falten uno o dos documentos, siempre que fuera a entregar en el plazo hábil, el artículo 12, párrafo, del Reglamento de aplicación de la ley habilita que se le otorguen diez días adicionales para completarlo. Algunos expedientes han sido devueltos porque no cumplían con los requisitos de forma y fondo con lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio», declaró.

Sobre las sanciones:

«El Reglamento de Aplicación de la Ley 311-14 establece en su Artículo 30 la facultad de la retención de salarios. Lo que ocurre es que, a nivel de costumbre, los funcionarios entienden que sólo se aplica para aquellos funcionarios que cobran vía Tesorería Nacional. Sin embargo, el Reglamento establece claramente que para aquellos funcionarios que no devengan salarios vía la Tesorería Nacional, quien paga su salario solamente debe recibir una indicación de la Cámara de Cuentas, como órgano rector, que señale que se encuentra en incumplimiento para retenerle esos pagos», agregó la funcionaria.

Esta ley y sus sanciones son de aplicación inmediata, es decir, que tan pronto vence el plazo, deben  ser aplicadas. En el caso de los que presenten tardío y los que se mantienen omisos; cada dos meses la Cámara de Cuentas remite ese listado al Ministerio Público de conformidad a lo que establece la norma.

SANTOS DOMINGO.- El progresivo deterioro del puente Juan Pablo Duarte tiene preocupados a ingenieros, quienes advierten al Ministerio de Obras Publicas que si esta estructura no es intervenida de inmediato, podría ocurrir alguna tragedia. 

El caso fue tratado en el programs “Toda La Verdad”que conduce la periodista Odalis Castillo y se transmite todos los domingos a las 8 de la noche por VTV, Canal 32.

Frinette Muñoz, especialista en ciencias estructurales sismo resistentes, compara la situación con un paciente que muestra síntomas alarmantes. «Las grietas y el desgaste visible en las juntas son señales de que la estructura no está funcionando bien», asegura.

Tras varias reparaciones fallidas, se sospecha de materiales inadecuados y mala instalación, agregó.

De su parte, el ingeniero Joel Gneco Gross advierte sobre problemas más graves bajo la superficie: vigas corroídas y hormigón dañado por infiltraciones de agua. «Estas fallas, no previstas en el diseño original, podrían desencadenar un colapso inminente», dijo para subrayar a seguidas la urgencia de una intervención integral para evitar una tragedia.

Alexander Holsteinson, ingeniero civil, señala que el puente, con más de 70 años de uso, soporta actualmente una carga de vehículos ocho a nueve veces mayor que la diseñada originalmente.

«Si en los años 50 había mil vehículos por hora, ahora hablamos de 8,000 a 9,000 dependiendo del tráfico. Este aumento drástico, junto con el tránsito parado durante horassobre el puente, está desgastando la estructura a un ritmo alarmante», comentó..

Según el programa “ Toda la Verdad”, la empresa encargada de las reparaciones, Proyectos Industriales S.A. (PINSA), ha realizado múltiples intervenciones, una de las cuales  costó al Estado más de 60 millones de pesos. Sin embargo, las reiteradas fallas han llevado al Ministerio de Obras Públicas a exigir que la compañía asuma los costos de las nuevas reparaciones.

Ramón Gómez, representante de PINSA, atribuyó inicialmente los problemas a las constantes lluvias, pero la magnitud y frecuencia de las reparaciones han levantado sospechas sobre la calidad del trabajo realizado, según lo expuesto en el programa.

Los expertos coinciden en que es necesario un plan integral de rehabilitación que incluya no solo la reparación de las juntas, sino una evaluación y refuerzo de toda la estructura para garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito en Santo Domingo.