Es inconcebible que la JCE haya otorgado, a través de la resolución 24-2023, este reconocimiento, alegando que el PED ha cumplido con todos los requisitos legales. Es alarmante y perturbador que se permita la creación de un partido político vinculado a la familia de un tirano responsable  de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos y de la opresión de un pueblo durante décadas.

Rafael Leonidas Trujillo y sus lacayos aterrorizaron la laboriosa población  de la República Dominicana desde 1930 hasta 1961, perpetuando un régimen dictatorial caracterizado por la represión, la tortura y el asesinato de miles de dominicanos que se atrevieron a oponerse a su gobierno. Su legado se encuentra profundamente arraigado en la memoria colectiva del pueblo dominicano, marcado el terror, el dolor y la injusticia.

La decisión de la JCE de reconocer a un partido político liderado por un familiar directo del sanguinario tirano es una afrenta a las víctimas de su régimen y a la memoria histórica de la nación. Otorgar derechos y obligaciones políticas a un descendiente de un dictador sanguinario contradice los principios fundamentales de la democracia y socava los esfuerzos de una sociedad por construir un futuro basado en la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Considero necesario recordarles  al presidente, y a los miembros de la JCE, que el régimen de Trujillo fue responsable de la desaparición forzada, la persecución política y el exilio de miles de dominicanos que lucharon por la libertad y la justicia. Permitir que un familiar de Trujillo vuelva a incursionar en la esfera política es una falta de respeto a todas las víctimas,  una bofetada  a sus familiares y una negación de la historia dolorosa que vivió el país.

La figura de Ramfis Domínguez, quien ha adoptado el eslogan de campaña «Mano dura», refleja una nostalgia peligrosa y perturbadora por un pasado oscuro y autoritario. Esta decisión amenaza con reavivar las heridas de un pueblo que continúa luchado por superar el legado de la dictadura y por construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica y la justicia social.

Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral a reconsiderar su decisión y a actuar en beneficio de la democracia, la memoria histórica y los derechos humanos. El reconocimiento de un partido político vinculado a la familia de Trujillo es un paso en la dirección equivocada y representa un riesgo para la estabilidad y el progreso de la República Dominicana. Es imperativo que se escuche la voz del pueblo dominicano, así como de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, quienes se oponen firmemente a esta decisión.

La historia del genocida Trujillo y su régimen dictatorial no puede ser olvidada ni minimizada. Es un deber moral y ético garantizar que los crímenes cometidos durante su mandato no sean glorificados ni perpetuados a través de la participación política de sus descendientes. La reconciliación y la construcción de un futuro democrático requieren enfrentar de manera valiente y contundente los horrores del pasado, garantizando que nunca más se repitan.

La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de velar por los intereses del pueblo y de proteger los valores democráticos. Exigimos que reconsidere su decisión y actúe en conformidad con los principios fundamentales que rigen la democracia, rechazando cualquier intento de glorificación de un pasado dictatorial y garantizando que la memoria de las víctimas sea honrada.

La República Dominicana merece un futuro en el que la democracia, la justicia económica y social y los derechos humanos sean los pilares de la sociedad. No debemos permitir que la sombra de la dictadura de Trujillo se proyecte nuevamente sobre nuestro país.

Es tiempo de aprender de la historia y avanzar hacia un futuro de verdadera democracia