KIEV, 24 Abr.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este miércoles de madrugada la aprobación del paquete de ayuda militar a Kiev por parte del Senado de Estados Unidos valorado en 61.000 millones de dólares (unos 57.000 millones de euros), una asistencia que el Gobierno ucraniano ha reclamado durante meses ante la escasez de municiones que ha facilitado a Rusia ganar terreno.

«Estoy agradecido al Senado de Estados Unidos por aprobar ayuda vital para Ucrania. Agradezco al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, por su fuerte liderazgo a la hora de redactar esta legislación bipartidista, así como a todos los senadores de ambas partes que han votado a favor», ha expresado Zelenski en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

En ese sentido, ha asegurado que esta acción «refuerza el rol de Estados Unidos como faro de la democracia» y como «líder del mundo libre», y que facilitará el restablecimiento de la paz mediante el refuerzo de sus capacidades militares en materia de artillería, de acciones de largo rango y de defensa aérea.

El mandatario ucraniano ha expresado su aprecio por su homólogo estadounidense, Joe Biden, por su trabajo continuo para lograr la aprobación de este paquete.

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán por un valor total de unos 90.000 millones de euros. La votación ha contado con un apoyo bipartidista, al contar con 79 votos a favor (48 demócratas y 31 republicanos) y 18 en contra (15 republicanos y tres demócratas), según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

La legislación, aprobada durante el fin de semana en la Cámara de Representantes, pasará ahora a la mesa del presidente, Joe Biden, que se encargará de promulgar el paquete.

La ayuda se repartiría entre unos 57.000 millones de euros para Ucrania; 25.000 millones de euros para Israel, inmerso en la guerra en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y 7.500 millones de euros para Taiwán, enfrascado en una histórica disputa territorial con China que en los últimos meses ha conocido un repunte de las tensiones.

EUROPA PRESS

El presidente Nicolás Maduro anunció el martes 23 de abril la reapertura de las puertas a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de ordenar la expulsión de su personal en febrero.

Maduro hizo el anuncio el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y también abrió una delegación de su despacho en Caracas.

«He recibido la propuesta de invitar nuevamente a la apertura de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, a estar en nuestro país, en Venezuela. Estoy de acuerdo», dijo el mandatario en un acto en el palacio presidencial de Miraflores. «Superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos».

«Me muestro muy agradecido de que usted haya expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del Alto Comisionado de la ONU regrese a Venezuela y darle efecto lo más pronto posible», expresó, según la traducción oficial.

«Creo que es algo muy positivo y es algo que hay que felicitar, algo que se debería subrayar en su importancia», señaló.

No está claro cuándo volverá la delegación del alto comisionado, expulsada el 15 de febrero tras expresar «profunda preocupación» por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada de terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Maduro.

El Gobierno condenó la reacción y acusó entonces a la oficina de «convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas».

«Las puertas del palacio de Miraflores están abiertas para que venga Volker Türk, para que mande a José María Aranaz», su representante en el país, para que «hablemos las diferencias que tenemos, el conflicto que surgió y lo superemos», dijo Maduro.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo.

Antes de pasar el testigo a Türk, dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba «mucho por hacer».

Türk visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina funcionaría dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas «arbitrariamente».

En Venezuela hay 269 «presos políticos», contabilizados por la ONG Foro Penal.

CPI: «Independiente y exhaustiva»

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En su cuarta visita a Venezuela, Khan inauguró la oficina del fiscal internacional en Caracas, acompañados de representantes de la ONU en Venezuela.

Su visita ocurre luego que el pasado 1 de marzo la CPI rechazara el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 125 muertos.

Venezuela tachó el fallo de «decisión infundada», tras argumentar que el tema debía dirimirse en el sistema judicial del país.

De hecho, según la fiscalía venezolana, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos desde 2017.

«Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas, por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía, pero al mismo tiempo con esta investigación independiente y exhaustiva estamos creando espacios y diálogo para la complementariedad», insistió Khan., indicó.

Redacción ALMOMENTO.net

Santo Domingo, 23 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) remarcó este martes en su informe anual de 2023 que en República Dominicana siguió la discriminación hacia las personas haitianas y las dominicanas con esa ascendencia, al tiempo que persistió el racismo contra la población negra.

Según el informe de AI ‘La situación de los derechos humanos en el mundo’, la discriminación se vio acentuada entre «las mujeres y niñas, las personas LGTBI y la población migrante, solicitante de asilo y refugiada».

SITUACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS

Especialmente preocupante fue la situación de las mujeres embarazadas o en periodo de posparto que solicitaron asistencia médica y las autoridades consideraron haitianas, ya que sufrieron discriminación e, incluso, fueron detenidas en los hospitales para proceder a su deportación.

Ante estas devoluciones de embarazadas a Haití, siete mecanismos de derechos humanos de la ONU pidieron el pasado septiembre que se separara el control migratorio del acceso a los servicios públicos.

PRIVACIÓN ARBITRARIA DE NACIONALIDAD

Por otro lado, Amnistía Internacional criticó la «privación arbitraria de nacionalidad», un decenio después de que una sentencia judicial avalara esta práctica y quitara de forma retroactiva la nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana.

En 2023, indica AI, el Gobierno siguió sin adoptar las «medidas suficientes para mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos provocadas» por ese fallo y, además, no se estaba cumpliendo la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 al respecto, por lo que decenas de miles de personas, la mayoría de ascendencia haitiana, siguieron sin tener una nacionalidad.

Frente a ello, la Comisión Interamericana solicitó al Ejecutivo dominicano que apoyara a esas personas apátridas para regularizar su situación.

En opinión de Amnistía Internacional, otro de los principales problemas de República Dominicana en relación a los derechos humanos es la violencia de género y sexual, en un país donde el aborto está prohibido en todos los casos.

En 2023, la ausencia de reforma del Código Penal para dar protección contra «la tortura, la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género», el hecho de que los feminicidios y los crímenes de odio no estén tipificados como delitos y la inexistencia de una edad mínima para el consentimiento sexual, junto con una elevada explotación sexual y abusos a menores, constituyen para AI otras cuestiones a resolver.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA 

Con respecto al uso excesivo de fuerza, se denuncia que no se registraron avances en la lucha contra la impunidad en situaciones de este tipo.

Por último, AI hace referencia a la confirmación de que la periodista Nuria Piera, especializada en temas de corrupción, fue atacada por primera vez en 2020 con un programa espía, una vigilancia en la que tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio del Interior y Policía negaron haber participado.

EFE